Una audiencia pública de una Comisión del Congreso en Washington y una marcha de familiares de personas detenidas en San Salvador coincidieron este martes en expresar las preocupaciones y señalamientos contra el régimen de excepción impuesto por el gobierno del presidente Nayib Bukele desde hace más de dos años.
Familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción en El Salvador marcharon en la capital y lograron, por primera vez, entregar en la Casa Presidencial una lista de peticiones al presidente Nayib Bukele.
Los miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), acompañados de otras organizaciones, se movilizaron para exigir la libertad de personas que consideran inocentes y que fueron capturadas durante la vigencia del régimen excepción.
Esta medida fue aprobada por el Congreso en marzo de 2022, como parte de la política del gobierno de Bukele para combatir a las pandillas.
Elementos de la unidad antimotines de la policía vigiló de cerca a los manifestantes. Sin embargo se les permitió que seis delegados ingresaran a la Casa Presidencial para entregar una carta con sus peticiones.
Los participantes exigieron la “restitución del derecho a la visita familiar y de sus abogados defensores”, además de “saber cómo se encuentran y en qué lugar están recluidos sus familiares”, de acuerdo con un comunicado.
Pidieron también que la Dirección General de Centros Penales “cumpla con las resoluciones judiciales de medidas sustitutivas para muchos privados inocentes que cuentan con carta de libertad”.
Audiencia pública en el Congreso de EEUU
La Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos realizó una audiencia pública para analizar el impacto del régimen de excepción en El Salvador.
El copresidente de la Comisión, congresista James McGovern, que representa al Segundo Distrito de Massachusetts en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, expresó su preocupación por la prolongación del estado de excepción, renovado 33 veces.
Denunció que que 265 personas han muerto bajo custodia estatal y que “más de 83,000 personas han sido detenidas, lo que representa el 1.6% de la población. En muchos casos, los detenidos no tienen acceso a alimentos, atención médica o información sobre su situación legal”.
En la audiencia participaron como testigos Leonor Arteaga, directora de Programas: Fundación para el Debido Proceso Legal; Noah Bullock, director Ejecutivo de Cristosal; Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina de Washington para América Latina; Juan Pappier, director Adjunto para las Américas de Human Rights Watch; y a Carlos Bernal, profesor de derecho, Universidad de Dayton, Primer vicepresidente y Relator para El Salvador.
Noah Bullock, director de Cristosal, denunció que “Hemos documentado más de 320 muertes en cárceles y 3,500 casos de detenciones arbitrarias”.
Comisión no escuchó a las víctimas de pandilleros
El gobierno de El Salvador se quejó de que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estadounidense denegó la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para que familiares de víctimas de la pandillas participaran como testigos afectados.
El gubernamental Diario El Salvador publicó que se trata de personas afectadas por casos de homicidios, desaparición de familiares y extorsión perpetrados por las pandillas, previó a la guerra contra las maras.
“Jefaturas y mandos que estén involucrados en esto [audiencia], pónganse en los zapatos de las personas que en realidad andamos luchando día a día por ganarnos el sustento honradamente y no se pongan del lado de las personas que no se tocan el corazón para hacer el mal al prójimo”, señaló uno de los familiares de víctimas, citado por la publicación.
Se trata de la familiar de uno de tres obreros desaparecidos el 24 de mayo de 2019 en calle al volcán, en el Boquerón, La Libertad, cuyos cuerpos fueron entregados a inicios de este año.
El periódico afirma que otras 11 personas, también familiares de víctimas desaparecidas y asesinadas por las pandillas no fueron escuchadas. Ellos “esperaban ser tomadas en cuenta por el Organismo para dar su opinión de cómo se violentaron los derechos humanos de ellos y sus familias por el accionar de dichas estructuras criminales”.
