Donald Trump prevé declarar el estado de emergencia nacional y recurrir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes cuando asuma la presidencia de Estados Unidos en enero, una de las principales promesas de su campaña.
El magnate republicano de 78 años califica de “invasión” la entrada de migrantes sin visa por la frontera con México.
Los acusa de envenenar “la sangre” e “infectar” Estados Unidos, de comer mascotas, de ser “asesinos” y “salvajes”, entre otros calificativos despectivos extremos.
Para “liberar”, según él, el país proyecta “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos” en cuanto asuma el cargo el 20 de enero.
“Buenas noticias: según algunos reportes, la próxima administración de Donald Trump está preparada para declarar el estado de emergencia nacional y utilizar recursos militares para luchar contra la invasión (permitida por el presidente Joe) Biden a través de un programa de expulsiones masivas”, escribió Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, en la plataforma Truth Social del republicano.
El magnate respondió al mensaje con un “¡Es verdad!”.
En abril Trump declaró que la guardia nacional, un cuerpo militar, “debería ser capaz” de hacerse cargo de las deportaciones.
“Si no es así, utilizaría el ejército”, es decir, las tropas federales, declaró a Time.
La deportación de migrantes no es nada nuevo en Estados Unidos.
La administración de Biden echó a más de cuatro millones, “combinando deportaciones con expulsiones y otras acciones para bloquear la entrada de migrantes”, según un informe del Instituto de Políticas Migratorias (MPI), con sede en Washington.
Pero el republicano tiene previsto llegar mucho más lejos y, aunque se desconocen los detalles de sus planes, ha dado pinceladas
Mano dura
Promete invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798, sellar la frontera con México, retomar la construcción del muro fronterizo y contratar 10.000 agentes.
Intentará resucitar el programa Quédate en México, para que los migrantes esperen el desenlace del proceso migratorio del otro lado de la frontera, prohibir las ciudades santuario, que los protege de la expulsión, y suprimirles “todos los beneficios federales y de asistencia social”.
Además quiere poner fin o limitar otras vías legales de entrada como un amparo migratorio que les otorga permiso de residencia y trabajo (Estatus de Protección Temporal, TPS) o la posibilidad de solicitar cita a través de una aplicación de teléfono móvil o mediante trámites en los países por los que pasan.
Como consecuencia las asociaciones de defensa de los derechos humanos están preocupadas por la suerte que pueden correr los más de 11 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos.
Muchos economistas también han advertido del costo exorbitante de una deportación masiva y su impacto en la economía estadounidense, que ya sufre una escasez de mano de obra.
Un estudio publicado en octubre por la oenegé American Immigration Council evalúa el costo global en 88.000 millones de dólares por año, es decir, 967.900 millones en más de una década.
Tres halcones
Desde su victoria electoral, Trump ha dado pasos encaminados a cumplir sus promesas.
Se apresuró a nombrar Tom Homan como “zar de la frontera”. No detalló en qué consistirá el trabajo de este antiguo director de la agencia encargada del control de la inmigración (ICE) pero el nombre del cargo habla por sí solo.
Homan supervisó durante el primer mandato de Trump una política que trataba como delincuentes a los migrantes que intentaban entrar ilegalmente en territorio estadounidense, con lo que perdían la custodia de sus hijos.
“Priorizaremos las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional”, declaró Homan a Fox News.
Subrayó que también cerrarán la frontera y “salvarán” a “más de 300.000 niños desaparecidos”.
Se refiere a un informe de la Oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Interior, que afirma que se ha perdido el contacto con más de 32.000 niños migrantes no acompañados que no han acudido a la corte tras quedar en libertad entre 2019 y 2023. Añade que más de 290.000 menores no recibieron avisos para ir al tribunal.
Además del “zar de la frontera”, el presidente electo nombró otros dos halcones: Kristi Noem a la cabeza del departamento de Seguridad Interior y Mike Waltz como asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Pero los planes de Trump podrían tropezar con los tribunales.
No sería la primera vez. Durante su primer mandato quiso poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege a los migrantes que llegaron de niños a Estados Unidos. Los tribunales se lo impidieron.
