El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó que no permitirá que la policía ejecute órdenes consideradas “ilegales” emitidas por la Fiscalía. Además, convocó con carácter de urgencia a la fiscal general, Consuelo Porras, a quien responsabiliza de la actual “crisis” en el sistema de justicia del país.
Arévalo hizo estos anuncios durante una conferencia de prensa posterior al allanamiento de la vivienda de un exministro de su administración. Este hecho ocurrió tan solo dos días después de que, a petición de la Fiscalía, un tribunal ordenara que el periodista José Rubén Zamora regresara a prisión tras haber estado un mes en arresto domiciliario.
“Nuestro gobierno no permitirá que la fuerza pública cumpla órdenes ilegítimas emitidas por un Ministerio Público que actúa de manera arbitraria y criminalizadora”, aseguró el mandatario.
El presidente también informó que el próximo lunes enviará una citación oficial a la fiscal general para que explique su papel en la “manipulación” del sistema judicial, así como en la “restricción de la libertad de expresión y la persecución de periodistas”, aspectos señalados por informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU.
El periodista José Rubén Zamora estuvo encarcelado durante dos años y medio acusado de lavado de dinero, un cargo que él considera una represalia por haber expuesto casos de corrupción durante el gobierno anterior, liderado por el derechista Alejandro Giammattei (2020-2024).
La defensa de Zamora presentó un recurso de amparo el pasado viernes, lo que hasta ahora ha evitado su reingreso a prisión. La decisión de revocar su arresto domiciliario ha sido condenada tanto por Arévalo como por organizaciones de prensa.
El allanamiento del domicilio de Félix Alvarado, exministro de Comunicaciones e investigado por presunto lavado de dinero, fue calificado por Arévalo como un “acto deplorable”. Este suceso se suma a lo que el presidente describió como una serie de acciones graves que evidencian la “arbitrariedad y la cooptación de las instituciones judiciales”.
En la misma línea, mencionó el caso de Ligia Hernández, una excolaboradora suya que estuvo tres meses en prisión y fue liberada recientemente. Según Arévalo, Hernández fue presionada para aceptar cargos relacionados con un supuesto financiamiento ilícito del partido gobernante.
La fiscal Consuelo Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos por ser considerada “corrupta” y “antidemocrática”, ha iniciado procesos judiciales contra periodistas y numerosos operadores de justicia que investigaron casos de corrupción de alto impacto, lo que ha provocado el exilio de varios de ellos.
A pesar de llevar 11 meses en el poder, Arévalo no ha logrado destituir a Porras, quien lideró un intento en 2023 para evitar que asumiera la presidencia y mantiene vínculos cercanos con Giammattei.
Arévalo recordó también que ya había intentado citar a Porras en enero, al inicio de su mandato, pero ella rechazó el encuentro.
