El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y sus advertencias de impulsar una serie de políticas migratorias agresivas, amenazan la estabilidad de la comunidad migrante en ese país y también las economías de las naciones de origen de estos grupos.
Algunos sectores advierten que podría haber efectos devastadores, en especial a la comunidad latina indocumentada.
La agencia de riesgo soberano Fitch Ratings considera que las piezas claves en el tablero de Trump serán el comercio, la inmigración, el desempeño fiscal, los mercados financieros y el riesgo geopolítico.
En ese sentido, advierte que una política migratoria agresiva por parte del nuevo gobierno se traduciría en menores flujos de remesas familiares hacia El Salvador.
“Estados Unidos es la principal fuente de remesas para la mayoría de los mercados emergentes latinoamericanos, en particular aquellos donde las remesas son grandes en relación con el PIB, como El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Jamaica y la República Dominicana, así como México”. Fitch Rating, análisis 8 de noviembre de 2024
Ante dicho panorama, la Alianza Nacional por el TPS anunció que defenderá los derechos de los migrantes para evitar que “se pongan en peligro a nuestras familias ni a las comunidades a las que servimos”.
A través de un comunicado, dicha organización reafirmó su compromiso “para defender los derechos y la dignidad de los beneficiarios del TPS (Estatus de Protección Temporal) y las comunidades inmigrantes”.
Tras una campaña marcada por un fuerte discurso anti-inmigrante y una promesa de endurecimiento de las leyes migratorias, el presidente electo podría poner en marcha medidas como deportaciones masivas, la eliminación de programas de protección y cambios constitucionales.
“Para cientos de miles de beneficiarios del TPS, la deportación es una cuestión de vida o muerte, y no permitiremos que las fuerzas políticas pongan en peligro a nuestras familias ni a las comunidades a las que servimos”, dijo José Palma, coordinador de la Alianza Nacional por el TPS en un comunicado.
El Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que ampara a aproximadamente 330.000 personas de países como El Salvador, Honduras y Haití, está también en riesgo.
Este programa protege a individuos que, de regresar a sus países, enfrentarían condiciones peligrosas como un conflicto armado o desastres naturales.
Trump ha anunciado que revocará el TPS, forzando a miles de personas que han vivido en Estados Unidos por años a regresar a sus países de origen, algo que preocupa a la comunidad latina y a activistas de derechos humanos.
Nery Alas, salvadoreña titular del TPS, residente de Las Vegas en Nevada, afirmó que los tepesianos son conscientes que “los próximos cuatro años serán una batalla cuesta arriba”.
Durante la primera administración de Donald Trump, en 2017, el gobierno intentó poner fin al TPS. La decisión de eliminar el programa se basaba en la idea de que las condiciones originales que justificaban esta protección ya no existían, argumentando que estos países estaban en condiciones suficientemente estables para recibir a sus ciudadanos de vuelta.
El 9 de marzo de 2025 finaliza la extensión de quienes están bajo el beneficio del TPS. Se desconoce qué sucederá con los migrantes beneficiados. El Salvador posee más de 230,000 migrantes con el TPS.
