Restricciones migratorias y la eliminación de protecciones para algunas nacionalidades deben marcar el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, de acuerdo con analistas quienes sin embargo consideran difícil que lleve a cabo deportaciones masivas como prometió en campaña.
Trump, quien venció a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris en las elecciones del martes, hizo de la retórica anti-inmigración el eje central de su campaña, marcada por las tensiones.
Sus seguidores, muchos de ellos latinos, colocaron la seguridad fronteriza como uno de los factores decisivos en su voto y abrazaron su promesa de deportaciones masivas.
Aaron Reichlin-Melnick, asesor del Consejo Americano de Inmigración, una organización sin fines de lucro, anticipa que lo primero en la agenda fronteriza de Trump será la adopción de medidas para minimizar la migración legal.
“Probablemente invocará la sección 212 f de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que le permite imponer prohibiciones a las personas que entran en Estados Unidos o buscan visados”, sostuvo.
“Esta fue la (llamada) prohibición musulmana, o prohibición de viajar, de su primer mandato, y ha prometido traerla de vuelta y potencialmente ampliarla en su segundo mandato”, indicó.
Reichlin-Melnick también piensa que Trump pondrá fin a las alternativas de migración que el gobierno del demócrata Joe Biden instauró para ciudadanos de países como Cuba, Venezuela por motivos humanitarios, que permitieron la entrada a Estados Unidos de decenas de miles de personas.
Consecuencias económicas
Reichlin-Melnick ve probable el aumento de presencia militar en la frontera con México, así como un mayor despliegue del sector castrense que hasta ahora se limita al apoyo logístico.
Es allí donde el efecto de su victoria podría sentirse primero.
“Lo que hemos visto en elecciones pasadas es que el número de migrantes que llegan a la frontera tiende a elevarse”, explicó Adriana Jasso, de la oenegé Comité de Servicio de los Amigos Americanos.
“Y la razón (…) es que por lo menos tienen ahora digamos noción o conocimiento de lo que existe, pero después de que el siguiente presidente asuma el poder, no habrá la misma certeza. Más tratándose de un cambio drástico como éste”, refirió.
Los expertos observan con escepticismo la capacidad que tendrá Trump de materializar operativos de deportación masiva.
Reichlin-Melnick sostiene que la cifra real de inmigrantes sin documentos oscila entre 13 y 15 millones, y una operación de tales dimensiones requeriría cientos de millones de dólares, decenas de miles de agentes y décadas de acción continua, por lo que considera que “no es realista”.
La consecuencia inmediata de una acción de esta envergadura, estimó, sería una caída del PIB de entre 4,2% y 6,8%.
“Y ¿qué significa esto? Durante la Gran Recesión el PIB cayó un 4,3%, por lo que deportar a toda la población indocumentada derrumbaría la economía de Estados Unidos”, explicó.
Pero el analista vislumbra también otro riesgo para la economía. Más de un millón y medio de personas, entre ellos ciudadanos de Venezuela, El Salvador y Haití amparados por un estatus de protección temporal, y los adscritos al programa DACA, quienes han pasado la mayor parte de su vida en Estados Unidos sin conseguir la ciudadanía, corren el riesgo de perder su protección legal por decisión del Ejecutivo.
“Como vimos en el primer mandato de Trump, su gobierno está muy dispuesto a revocar el estatus legal a cientos de miles de personas”, dijo Reichlin-Melnick.
“Si esta gente sale de la fuerza de trabajo por miedo o porque son deportados, se producirá una importante escasez de mano de obra y aumentará la inflación y el costo de los productos, lo que provocará una contracción de la economía”, dijo.
“De cualquier manera veríamos un significativo impacto económico”, comentó. “Los inmigrantes indocumentados son una parte crucial de la economía estadounidense”.
