El Senado de México aprobó una reforma constitucional tras ser invadido por manifestantes hostiles al proyecto, convirtiendo al país en el primero del mundo en nombrar a todos sus jueces por voto popular.
La reforma, impulsada por el presidente saliente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada por 86 votos a favor, es decir, dos tercios de los 127 senadores presentes en la cámara alta, dominada por el partido gobernante Morena y sus aliados, y 41 votos en contra. de los partidos de oposición.
Varios centenares de manifestantes invadieron el martes la sede del Senado mexicano para oponerse a esta explosiva reforma del poder judicial, obligando a reubicar los debates.
“Senadores, detengan al dictador”, “el poder judicial no caerá”: estas fueron las consignas coreadas por las decenas de manifestantes que lograron llegar al hemiciclo, banderas mexicanas en mano.
Tras cruzar las barreras de seguridad, obligaron al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña (mayoría presidencial), a levantar la sesión.
Fernández Noroña anunció poco después que la sesión se trasladaría a la antigua sede del Senado. “Habrá una reforma del poder judicial”, añadió.
Los debates se reanudaron por la tarde en el nuevo recinto, alrededor del cual también se movían los manifestantes.
Los manifestantes, principalmente funcionarios judiciales y estudiantes de derecho en huelga, se oponen a esta reforma que convierte a México en el primer país del mundo en nombrar a todos sus jueces por “voto popular”, incluidos los de la Corte Suprema.
Esta reforma está generando fuertes tensiones con Washington, el mayor socio comercial del país, y dentro de México, donde se producen manifestaciones a diario desde hace varias semanas.
La reforma ya había sido adoptada la semana pasada por los diputados en un gimnasio, bajo unas canastas de baloncesto, después de que los manifestantes bloquearan la Cámara Baja.
El jefe de Estado mexicano, que cederá el poder el próximo 1 de octubre a Claudia Sheinbaum, del mismo partido, sostiene que la justicia mexicana es corrupta y sólo sirve a los intereses económicos de las élites, mientras más del 90% de los crímenes siguen impunes en México según a las ONG.
Si la reforma fue aprobada sin incidentes en la Cámara Baja, donde los diputados de la coalición gobernante son ultramayoría, al partido presidencial y sus aliados les faltaba un voto para aprobar la reforma en el Senado, que acabaron obteniendo in extremis. .
Sus oponentes creen que esta reforma debilitará la independencia de los jueces y los hará vulnerables a la presión del crimen organizado.
“La demolición del sistema judicial no es el camino a seguir”, advirtió la presidenta de la Corte Suprema Norma Piña, en un vídeo difundido en las redes sociales el domingo.
“Profundas preocupaciones”
López Obrador, quien a menudo ha criticado al Tribunal Superior por haber ralentizado varias de sus reformas, advirtió a Piña contra un posible intento de bloquearla, lo que, según dijo, constituiría una “violación flagrante” de la Constitución.
“Lo que más preocupa a quienes están en contra de esta reforma es que perderán sus privilegios, porque el poder judicial está al servicio de los poderosos (…) y la delincuencia de cuello blanco”, declaró el martes el presidente saliente, cuya popularidad ronda el 70%.
Estados Unidos, el principal socio comercial de México, ve la reforma como un “riesgo” para la democracia mexicana y una “amenaza” para las relaciones comerciales bilaterales, mientras que México ha suplantado a China como su principal vecino comercial del norte.
Según los expertos, la preocupación de los inversores por esta reforma ha contribuido a una fuerte caída del peso, que la semana pasada alcanzó su nivel más bajo en dos años frente al dólar.
Esto es consecuencia de “factores externos”, respondió López Obrador el lunes. “Es urgente limpiar (el sistema judicial) en interés de todos, incluidos (aquellos) que invierten en México”.
El Gobierno mexicano denunció una “injerencia” de Estados Unidos en sus asuntos internos y a finales de agosto “pausó” sus relaciones con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien ha criticado públicamente la reforma en varias ocasiones.
