Guatemala autorizó la reactivación de una mina de níquel de la compañía suiza Solway Investment, luego de que Estados Unidos le levantara unas sanciones por “corrupción”, informó este viernes el Ministerio de Energía.
La Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (PRONICO) y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiarias de Solway, habían suspendido operaciones en marzo de 2023, cuatro meses después de que Washington las sancionara por “corrupción” y “tráfico de influencias”.
Las sanciones fueron levantadas en enero por el Departamento del Tesoro estadounidense y PRONICO estaba a la espera de que el gobierno guatemalteco le renovara los permisos de exportación.
“La Dirección General de Minería […] autorizó [las] credenciales para exportación” a PRONICO, dijo el jefe de esa dependencia del ministerio, Julio Luna, en un comunicado.
“Con estas credenciales, PRONICO puede iniciar las acciones necesarias para poner en marcha su planta de procesamiento, adquirir la materia prima con sus proveedores y así poder comercializar el producto procesado”, añadió Luna.
Por su parte, PRONICO señaló en un comunicado enviado a la AFP que espera que la producción se “reinicie en un plazo de 8 a 10 meses”, “una vez asegurado el financiamiento” que gestionará en bancos internacionales.
“Solway y PRONICO han adoptado nuevas prácticas de lucha contra el soborno y la corrupción, así como el respeto a los derechos humanos, bajo la supervisión de expertos internacionales”, agregó la empresa.
CGN explota la mina y PRONICO procesa el mineral y lo exporta. Ahora ambas serán supervisadas por otra filial de Solway basada en Estados Unidos, según el comunicado.
La mina está ubicada en los municipios de El Estor y Los Amates, sobre el Caribe, epicentro de enfrentamientos entre policías e indígenas mayas que se oponen a la explotación minera al denunciar daños ambientales.
En noviembre de 2021, el anterior gobierno del derechista Alejandro Giammattei (2020-2024) declaró un estado de prevención en la zona tras una larga protesta de indígenas que bloquearon el paso de camiones de la minera. Una manifestación dejó un pescador muerto en 2017.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a finales de 2023 a Guatemala al considerar que violó los derechos de una comunidad maya q’eqchi’ por permitir la usurpación y operación de la mina en sus tierras ancestrales.
