Un proceso judicial que enfrenta el expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) y cinco exfuncionarios por cargos de corrupción avanzó este martes cuando un tribunal admitió una serie de pruebas, anteriormente rechazadas, presentadas por la parte acusadora.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, admitió las pruebas de la fiscalía general de la República en el caso que se sigue contra Sánchez Cerén por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en su calidad de exvicepresidente de la República del gobierno de Mauricio Funes.
Junto al exgobernante también son procesados Manuel Orlando Quinteros Aguilar, exministro de Obras Públicas; Lina Dolores Pohl, exministra de Medio Ambiente; José Guillermo Belarmino López Suárez, exministro de Agricultura, José Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad; Calixto Mejía Hernández; exministro de Trabajo, el último está con arresto domiciliar, los otros cinco son prófugos.
La Fiscalía salvadoreña acusa a Sánchez Cerén -que también vive en Nicaragua tras ser nacionalizado- de haber recibido 530.000 dólares en sobresueldos irregulares cuando era vicepresidente (2009-2014) y el país era gobernado por Funes.
La Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos acusa a los seis imputados y otros cuatro ya condenados en procedimientos abreviados de haber lavado $2,673,000, supuestamente se apropiaron de fondos públicos en concepto de sobresueldos mensuales que el expresidente Mauricio Funes autorizó se les entregara.
Los ya condenados aceptaron un juicio abreviado, en el que admiten los cargos, para lograr una condena excarcelable de tres años, que pagarán con trabajos públicos, además de reintegrar los montos cuestionados de entre 174.000 y 210.000 dólares.
“Testimonios, abundantes documentos y pericias han sido admitidos en todo el expediente y serán discutidos en vista pública”, para la cual aún no se ha definido fecha, dijo la fiscalía.
Las autoridades judiciales manejan públicamente este proceso como del caso “Saqueo Público”.
