Una funcionaria cercana al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, fue detenida este martes por una investigación de la cuestionada fiscalía contra el partido oficialista Semilla.
La jefa del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, fue arrestada por una orden del juez Fredy Orellana acusada de “la posible comisión del delito de financiamiento electoral no registrado”, señaló la fiscalía en un comunicado.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) inició en 2023 una investigación contra Semilla después de que Arévalo dio la sorpresa al colarse al balotaje presidencial.
El caso se basa en supuestas anomalías en la conformación del partido, entre ellas una presunta trama de lavado de dinero por la que la fiscalía también ha buscado retirarle la inmunidad a Arévalo.
Ligia Hernández, Directora del @idv_gt, enfrenta una persecución por parte del Ministerio Público.
🚨 Condenamos estas acciones y exigimos el debido proceso. pic.twitter.com/3Pk4rFd6I4
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) August 14, 2024
Semilla está suspendido por orden de Orellana, juez sancionado por Estados Unidos al considerarlo “corrupto”.
El gobierno de Arévalo condenó en un comunicado la detención de Hernández con “cargos de casos espurios, bajo investigaciones reservadas con secreto y sin apego a nuestras leyes”.
“Las investigaciones de la FECI y las actuaciones del juez Orellana no tienen ninguna credibilidad y por eso, estamos seguros de su inocencia y la de cualquier otro imputado en los casos que estas agencias plantean”, sostuvo la nota.
Agradecemos las muestras de solidaridad y las voces que se suman por la defensa de la justicia y la verdad, así como la libertad para Ligia Hernández, criminalizada injustamente.
Atent@s a la audiencia y a la información oficial sobre los avances del caso ⚖️#EquipoLH https://t.co/Odu8FOFNN6
— Ligia Hernández Gómez (@LigiaIHernandez) August 14, 2024
Según el boletín, varios organismos internacionales han advertido que “actores antidemocráticos atrincherados en el Ministerio Público buscan atacar instituciones democráticas y afectar la seguridad nacional”.
Hernández, de 42 años, fue diputada de Semilla junto a Arévalo entre 2020 y 2024 y el 1 de febrero pasado fue nombrada por el presidente para dirigir el Instituto de la Víctima, encargado de asistir a personas afectadas por delitos en el acceso a la justicia y reparación digna.
“Este desesperado ataque [de la fiscalía] no representa más que el deseo perverso de callar, oprimir, extinguir, todo intento por recuperar nuestro país que sigue capturado por un grupito de criminales”, indicó la funcionaria minutos antes de ser detenida en su despacho, en un video publicado en la red social X.
El presidente socialdemócrata mantiene una pugna con la fiscal general, Consuelo Porras, considerada “corrupta” y “antidemocrática” por Estados Unidos y la Unión Europea.
Arévalo no posee las facultades para destituir a la fiscal y presentó una iniciativa de ley al Congreso para poder hacerlo, pero el proyecto no ha avanzado.
Por el contrario, Porras le pidió a la máxima instancia de justicia procesar al mandatario por intentar removerla.
