Los empleados privados o del Estado que hagan uso indebido de la información contenida en las bases de datos a las que tengan acceso podrían ser condenados a una pena de entre 10 a 12 años de cárcel, según una reforma legal analizada por la Asamblea Legislativa.
La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno aprobó este lunes un dictamen favorable para que se reforme la Ley Especial contra Delitos Informáticos y Conexos, a fin de ampliar los alcances legales contra el uso ilegitimo de la referida información.
La sanción está dirigida contra quienes usen su acceso a base de datos “con el fin de consultar, extraer o utilizar de manera ilegítima, registros de información de terceros, o para otorgar beneficios no autorizados, eliminar, ocultar o no documentar interacciones, realizar manipulaciones indebidas sobre los registros de información contenidos en dichos sistemas”.
También contra quienes se dediquen a “crear información falsa a nombre del propietario de los datos, excediendo las autorizaciones otorgadas, con el fin de obtener un beneficio para sí o para un tercero, en perjuicio del propietario de los datos, o del controlador o procesador de los mismos”.
La directora de Inversiones del Ministerio de Economía, Clarissa Valdebran, asistió a la reunión de los parlamentarios y valoró como “procedente” la reforma a la ley en la garantía de protección de los datos personales.
“Consideramos procedente y consideramos muy beneficioso robustecer esta ley”, aseguró. Indicó además que habilita la posibilidad de “perseguir a quien realmente está cometiendo el delito”.
La funcionaria de Economía señaló que la reforma incorpora nuevos actores, que serían el propietario de los datos, custodio de los datos, controlador de los datos y el procesador de los datos.
“El propietario de los datos tiene esta nueva facultad o atribución de hacer ejercer sus derechos para que se le garantice la protección a estos datos”, puntualizó la directora de Inversiones.
La propuesta de reforma fue presentada por diputados del partido de gobierno y podría ser aprobada por el pleno legislativo durante la sesión plenaria de este martes.
