Las autoridades judiciales de San Salvador procesan a 34 miembros de una supuesta red transnacional de pornografía infantil.
Todos están acusados de adquisición y posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las tecnologías de la información, así como de agrupaciones ilícitas.
Dicha estructura fue desarticulada en 2021 a través de una operación desarrollada a nivel nacional bajo el nombre de “Ángel Guardián”.
El caso está siendo ventilado en el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador y entre los procesados se encuentra un profesor, un enfermero del Ministerio de Salud, un policía y 29 personas más. Javier Alfredo Iraheta ha sido “perfilado como el supuesto creador de la plataforma” y Miguel Antonio Bernal, quien “aparentemente se encargaba de administrarla”.
La fiscalía tiene en su poder las pruebas que presentará ante el tribunal que consisten en “abundante material electrónico y dispositivos de comunicación de donde se ha extraído información que los incrimina en los delitos atribuidos”.
Las indagaciones comenzaron en el 2018 tras la detención de uno de los integrantes de la banda y, según las autoridades, su forma de operar era el intercambio de pornografía infantil a nivel internacional a través de plataformas electrónicas.
Las investigaciones determinaron que se estaba utilizando una aplicación de mensajería para enviar material pornográfico a países como Pakistán, Indonesia, Vietnam, Ghana, Ecuador, México y Guatemala, entre otros que no detalló.
Hoy, inicia el juicio en el #CasoÁngelGuardián en donde se procesa a 32 personas miembros de una red de pedofilia que operaban a nivel nacional e internacional.
Estos sujetos fueron detenidos a través de varios allanamientos ejecutados en el 2021 y se les procesa por los… pic.twitter.com/jg7Cd82Olq
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 25, 2024
En los teléfonos móviles se habría encontrado evidencias de la actividad ilícita, puesto que, según las autoridades, pertenecía a un grupo de mensajería de WhatsApp, que presuntamente era administrado desde México por un miembro de la red transnacional.
Al grupo pertenecen al menos 81 números telefónicos salvadoreños y es administrado por usuarios con el código +52, utilizado en México.
La fiscalía espera que “al finalizar la vista pública se condene a los procesados a la pena máxima por cada ilícito”.
