Un grupo de expertos de la ONU denunció que el régimen de Nicaragua mantiene ataques “sistemáticos” contra la Iglesia católica y otras confesiones cristianas, según una actualización publicada en marzo del informe del Consejo de Derechos Humanos a la que tuvo acceso este martes la AFP.
El documento señala que se siguen documentando “violaciones y abusos sistemáticos y generalizados del derecho internacional de los derechos humanos” cometidos contra los clérigos.
Los expertos registraron entre enero y marzo de 2024 al menos “63 nuevas cancelaciones de la personería jurídica de organizaciones sin fines de lucro”, entre ellas 23 de carácter religioso.
A inicios de julio, la dictadura de Nicaragua canceló la personalidad jurídica de la católica Radio María, entre otras oenegés, y confiscó sus bienes, argumentando que no reportó el origen de sus ingresos.
Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, sostienen que la Iglesia apoyó las protestas contra el régimen de 2018 que dejaron más de 300 muertos según la ONU y que ambos consideraron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. Murillo ha calificado a los religiosos de “hijos del demonio” o “agentes del mal” que realizan “terrorismo espiritual”.
Desde abril de 2018 hasta marzo de 2024, el grupo de expertos de la ONU constató “73 casos de detenciones arbitrarias de miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas”, aunque dijo que “la cifra total podría ser más alta”.
Entre las víctimas se encuentran sacerdotes, pastores y miembros de iglesias evangélicas, seminaristas, personas laicas que realizaban trabajo periodístico o artístico en defensa de los derechos humanos en organizaciones religiosas y feligreses, indicaron en la actualización del informe.
El informe califica como “crímenes de lesa humanidad” las detenciones y encarcelaciones, “torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, las expulsiones de nicaragüenses críticos o el despojo “arbitrario” de la nacionalidad.
A fines de 2023, unos 30 clérigos fueron encarcelados y luego enviados a El Vaticano.
Los expertos de Naciones Unidas puntualizaron que tanto Ortega como Murillo tienen “responsabilidad penal individual” al valerse del Estado para “reprimir sistemáticamente” a religiosos.
