Al menos 3.000 niños, niñas y adolescentes detenidos en comunidades de bajos ingresos han sido objeto “graves violaciones de derechos humanos” bajo el régimen de excepción, adoptado por el gobierno en marzo de 2022, denunció la organización Human Rights Watch en un informe publicado este martes.
En el documento se denuncian casos de detenciones arbitrarias, tortura y otras formas de malos tratos contra niños y adolescentes arrestados en el marco de un régimen de excepción que el gobierno del presidente Bukele propuso como parte de su estrategia de “guerra contra las pandillas”.
El informe de 114 páginas denuncia que “policías y soldados han llevado a cabo innumerables redadas, particularmente en comunidades vulnerables donde la violencia de las pandillas era una presencia constante, deteniendo a más de 80.000 personas, incluyendo cerca de 3.000 niños, niñas y adolescentes”.
La organización asegura que los menores han sido sometidos a condiciones deplorables en prisión, incluyendo situaciones de hacinamiento, falta de alimentación y atención médica adecuada, así como ausencia de contacto con abogados y familiares. Agrega que muchos han sido condenados por delitos definidos con trazo grueso y en juicios con violaciones al debido proceso.
El informe divulgado cita a Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, refiriéndose a los planes de seguridad. “El gobierno debería implementar una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos que desmantele las pandillas, prevenga el reclutamiento de niños y les proporcione protección y oportunidades”, agrega.
Los resultados de los planes de seguridad del gobierno han permitido al presidente Nayib Bukele celebrar públicamente que junio se ha convertido en “el mes más seguro en toda la historia” de El Salvador.
“Estamos cumpliendo los estándares internacionales de privación de libertad”
El Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, y la Canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, ya se habían referido al tema, el pasado viernes, durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ambos negaron ante la CIDH que entre los privados de libertad en el marco del régimen de excepción hayan muertos por torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes dentro de prisión.
La canciller fue más allá y señaló que “en materia de seguridad no hemos llegado hasta dónde queremos llegar, es de todos nosotros conocido que las pandillas tienen una capacidad para reorganizarse y reclutar nuevos miembros, incluyendo a niños, niñas y adolescentes, instrumentando a que las mujeres delincan”.
“Esta realidad nos obliga a mantener vigente el régimen de excepción”, sostuvo y agregó que “en los centros penales de El Salvador estamos cumpliendo los estándares internacionales de privación de libertad”.
De igual forma, el Comisionado Andrés Guzmán enfatiza que en el país se han garantizado todos los derechos de los privados de libertad con base en las normas internacionales, así como el derecho a un debido proceso y la comunicación fluida entre el imputado y su abogado para realizar la defensa técnic
