La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo este viernes una audiencia sobre la situación general de los Derechos Humanos en El Salvador, en la que un grupo de organizaciones no gubernamentales denunció que en las cárceles han muerto unas 265 personas bajo custodia del Estado y reportó violaciones a derechos de activistas, periodistas y personas privadas de libertad, todo lo cual fue rechazado por el Estado.
En un resumen publicado en sus redes sociales, la CIDH dijo que durante la audiencia la “organizaciones expresaron su preocupación por el deterioro de la democracia y de la independencia judicial y la falta de reconocimiento de estos problemas por parte del Estado”.
Agregó que estos mismos grupos “señalaron la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, así como la criminalización y estigmatización de personas defensoras, y periodistas”.
Sobre la versión del Estado de El Salvador, el mismo resumen publicado indica “rechazó las declaraciones de la sociedad civil y manifestó su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos, así como con la justicia y reparación para las víctimas de las pandillas”.
El Estado “afirmó que en los centros penales se está cumpliendo con todos los estándares internacionales de privación de la libertad”, añade.
A su vez, el organismo internacional, adscrito a la OEA, “reconoció la participación del Estado y valoró la información precisa proporcionada por las organizaciones”.
La CIDH hizo un llamado para que “el diálogo continúe dentro del marco de una democracia fortalecida y el Estado de derecho”.
Señalamientos y rechazos
Durante la audiencia celebrada al cierre del 190 periodo de sesiones de la CIDH, las organizaciones no gubernamentales denunciaron, entre otras cosas, la instalación de programa Pegasus entre julio de 2020 y noviembre de 2021 en teléfonos de periodistas y activistas de derechos humanos.
Reportaron 693 casos de agresiones contra periodistas entre 2020 y 2023, vigilancia y detenciones contra defensores comunitarios y 32 casos de detenciones, ataques contra mujeres periodistas, retrocesos en materia de género, dificultades en inscripciones de personerías jurídicas, acoso de la Corte de Cuentas, Ministerio de Gobernación y Ministerio de Hacienda, entre otros.
Consideran urgente garantizar la independencia judicial, la selección de funcionarios idóneos, abstenerse de actos discriminatorios, cumplir con medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que responsabilizan al Estado salvadoreño por actos cometidos en el conflicto armado, detener los discursos y acciones estigmatizantes contra defensores de derechos humanos, medios críticos y periodísticos.
Otra grave denuncia presentada ante el organismo internacional por parte de las organizaciones sociales es que en las cárceles han muerto unas 265 personas bajo custodia del Estado.
Sobre este último señalamiento, el comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión, Andrés Guzmán Caballero, dijo que las personas privadas de libertad “como en cualquier sociedad, mueren, se enferman”.
“De acuerdo con ese porcentaje presentado por la sociedad civil, en dos años dicen que fueron 250 personas las fallecidas, eso significa que anualmente dentro de los centros penales de El Salvador fallecieron 102 personas”, manifestó.
Caballero comparó las muertes en los penales, con las registradas en Estados Unidos, Colombia y Venezuela.
“Yo le hago una comparación solamente con las cifras de la OMS (Organización Mundial para la Salud) donde dice que en Estados Unidos por cada 100, 000 habitantes al año se mueren 832 personas, en Colombia hay 510 personas muertas por cada 100, 000 habitantes y en Venezuela 509”, expuso.
Al revelar que en los Centros Penales de El Salvador había hasta junio un total de 107, 997 personas privadas de la libertad y reconocer que el país tiene la tasa más alta a nivel mundial por cada 100,000 habitantes, matizó diciendo que eso “significa que en los Centros Penales de El Salvador hay un 86% menos de personas muertas que en Estados Unidos en promedio y el 77% menos que en Colombia”.
Los rechazos de la Canciller
Por su parte, la canciller Alexandra Hill rechazó tajantemente violaciones a derechos humanos contra defensores de derechos humanos, periodistas y personas privadas de libertad denunciadas en la misma audiencia.
“Luego de escuchar las intervenciones que me han antecedido, debo iniciar rechazando de forma categórica y contundente las aseveraciones que muy alejadas de la realidad y de manera poco infundada se han expresado en esta audiencia”, dijo.
La ministra de exteriores externó que le “preocupa conocer que las organizaciones representadas en esta audiencia están promoviendo una instrumentalización política, una mala práctica dañina para todos, una práctica que el mismo pueblo salvadoreño les dijo a los actores políticos ‘ya no más’, ‘ya no más’, dándoles un clarísimo mensaje de que estos patrones ya no tienen cabida en el nuevo El Salvador que estamos reconstruyendo con todos, por todos y para todos”.
La funcionaria aseguró que el gobierno salvadoreño tiene como prioridad establecer “un diálogo con laCIDH” pero advirtió que le “sorprende que no exista ni siquiera un reconocimiento hacia nuestros jueces, fiscales, procuradores, incluso policías, soldados, quienes todos los días ponen su vida en pro de salvaguardar de nuestro pueblo salvadoreño”.
La delegación de alto nivel del gobierno en esta audiencia estuvo integrada por la canciller Alexandra Hill Tinoco; el comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión, Andrés Guzmán; el presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Quinteros; el secretario de la Sala de lo Constitucional; el procurador general de la República, representantes de la Fiscalía General de la República, e “instituciones del Órgano Ejecutivo vinculadas con este tema”, Karina Burgos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otros.
