La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con 57 votos, la vigésima octava prórroga del régimen de excepción que mantendrá suspendidos durante 30 días más varios derechos ciudadanos regulados en la Constitución de la República.
El Plan Control Territorial, reforzado por un régimen de excepción que ya lleva casi dos años y medio siendo prorrogado, son la base de los “exitosos resultados” obtenidos por el gobierno del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad.
El propósito es “brindar las herramientas necesarias a instituciones del Gobierno para seguir garantizando la seguridad en todo el territorio”, dijeron las autoridades de seguridad pública al solicitar la medida.
Al proponer la nueva extensión a los diputados, el Ministerio de Justicia y Seguridad informó que el actual gobierno acumula más de 655 días sin homicidios y que durante el régimen de excepción “se han capturado a más de 81,100 individuos incluidos principales líderes de los grupos de pandillas”.
Cuando se aprobó la prórroga numero 27, el 6 de junio pasado, las autoridades reportaron “más de 80,500 personas capturadas y más de 630 días sin homicidios”
Sin embargo, el éxito divulgado por el gobierno está acompañado por denuncias de detenciones arbitrarias de organizaciones como Socorro Jurídico y Cristosal.
Dichos grupos registran más de 3,000 casos de este tipo, así como también muertes dentro de centros penales de personas bajo custodia estatal, sin que haya investigaciones sobre las mismas.
Además, El Salvador ha sido incluido en la lista de países que experimentan un rápido deterioro de las libertades cívicas, elaborada por Civicus, una alianza global de sociedad civil con sede en Johannesburgo, que rastrea los sucesos más recientes en el ámbito de las libertades ciudadanas a nivel mundial, se informó en un comunicado de prensa.
“Esta calificación se suele otorgar a los países en los que las personas con poder cuestionan el espacio cívico e imponen restricciones legales y prácticas al pleno disfrute de los derechos fundamentales”, indica la plataforma ciudadana.
Al estar vigente el régimen de excepción quedan suspendidos: el derecho de la persona detenida a ser informada de sus derechos y a tener asistencia de defensor; el derecho a que la detención administrativa no exceda de 72 horas dentro de las cuales deberá consignarse a la orden del juez; y la prohibición de la interferencia e intervención de las telecomunicaciones excepto de manera excepcional con autorización judicial.
Sin embargo, en el texto del decreto, el gobierno argumenta que “es indispensable contundentemente avanzar en las labores de inteligencia policial y militar” para combatir “las organizaciones criminales que han provocado altos índices de criminalidad y cuyos remanentes continúan produciendo actividad delictiva, constituyéndose estos grupos en el enemigo y la más grave amenaza que el Estado debe enfrentar”.
Al razonar su voto en favor de la medida, la diputada oficialista, Ana Figueroa, dijo que “el régimen de excepción ha sido una herramienta muy eficaz para combatir las pandillas. Es una estrategia que impulsó el Gobierno y nosotros respaldamos, con el fin de brindar seguridad a la población”.
