Un Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de San Salvador ordenó que los bienes muebles e inmuebles de un exministro de la Defensa de la administración del expresidente de izquierda Mauricio Funes, pasen al Estado por haberse comprobado que tienen procedencia ilícita.
El tribunal ordenó este jueves que nueve inmuebles: un rancho en la playa, dos vehículos y nueve depósitos a plazos valorados en $4,6 millones, propiedad del exministro de la Defensa, David Victoriano Munguía Payés, pasen a poder del Estado.
El monto surge de un cálculo realizado por la Fiscalía al inicio del proceso, pero la defensa de Payés sostuvo hoy, tras la lectura del fallo, que esas cifras se deben recalcular por el valor de los inmuebles hoy en día.
El tribunal considerara que la Fiscalía General de la República logró probar la tesis que fueron obtenidos de manera injustificada o que derivaban de actos de corrupción y lavado de dinero, durante su paso por los dos gobierno del FMLN (Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén), entre 2009 a 2019.
El abogado defensor de Munguía Payés, David Ramírez. detalló que esta extinción de dominio no es por la cantidad que dice Fiscalía, sino que es una cifra más baja y que no sabe por qué el caso tiene reserva.
#ExtinciónDeDominio I Fueron 15 jornadas de Audiencia Probatoria que se desarrollaron durante 2 meses, ante el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio.
Con este proceso también se comprobó que Munguía Payés cometió lavado de dinero y activos a través de conductas de… pic.twitter.com/XgcSdpZ9UN
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) June 13, 2024
La decisión del juez se tomó luego de 14 jornadas de audiencias donde tanto la Fiscalía como la defensa debatieron y analizaron la prueba sobre los bienes e inmuebles. La defensa de Munguía Payés mencionó que evaluarán la sentencia por escrito, para una posible apelación.
Durante la audiencia probatoria, Munguía Payés testificó y dijo que los fondos que utilizó en la compra de terrenos provenían de sus sueldos y la pensión que recibía.
De igual forma, su procurador, David Ramírez, explicó que se habían acreditado suficientemente el ámbito probatorio y jurídico de la naturaleza lícita de los fondos para la adquisición de los diversos bienes cuestionados.
El General guarda arresto luego de ser condenado a 18 años de prisión por agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
Otras condenas
En agosto de 2023, la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador lo encontró culpable de enriquecimiento ilícito y ordenó a que restituya $462,732.81. Su esposa, Sandra Dinora deberá reintegrar $3,614 y sus hijas fueron exoneradas.
Además, el exfuncionario quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años.
