Organizaciones feministas denunciaron este martes un “deterioro” en la atención en salud para las mujeres encarceladas en El Salvador bajo el régimen de excepción con el que el gobierno de Nayib Bukele combate a las pandillas.
“Actualmente las mujeres privadas de libertad en el contexto del régimen de excepción, muchas de ellas embarazadas, no han recibido la atención en salud necesaria, hay un deterioro en ese aspecto”, dijo en una rueda de prensa Alejandra Burgos, coordinadora de la Red de Defensoras de Derechos Humanos.
Sin mencionar un número preciso de mujeres afectadas por esta situación en las prisiones, Burgos indicó que muchas requieren del acceso a servicios de ginecología y obstetricia, pero “a pocas” se les brinda “por la escasez de profesionales médicos”.
Bukele, que iniciará un nuevo período presidencial el 1 de junio, emprendió su ofensiva antipandillas en marzo de 2022 tras una escalada de 87 homicidios en un solo fin de semana. Lo hizo al amparo de un cuestionado régimen de excepción que permite realizar arrestos sin orden judicial.
#28M El Centro de Derechos Reproductivos, @AbortoPORlaVIDA y @SombrillaCA, emiten alerta ante la situación de salud de las salvadoreñas la cual se ha deteriorado a partir de la imposición del #RegimenDeExcepcion https://t.co/04Ss3sMeAn
— Red Salvadoreña de Defensoras de DDHH (@rdefensoras) May 28, 2024
“Ninguna política de seguridad es justificación para la violación de derechos humanos de las mujeres, y la privación de libertad no es excusa para limitar o negar los servicios de salud”, señaló Esteban Madrigal, abogado del Centro de Derechos Reproductivos.
Roxana Rodríguez, representante de la Asamblea Feminista, agregó que en los penales a las embarazadas “se les dificulta el acceso” a “controles prenatales, hay ausencia de tratamientos para complicaciones relacionadas al embarazo y, en general, las mujeres no reciben atención en salud mental”.
Desde que comenzó la ofensiva en contra de las pandillas han sido arrestados poco más de 80.000 presuntos miembros de esos grupos criminales, según las autoridades.
Sin embargo, grupos de derechos humanos sostienen que entre los detenidos hay miles de inocentes y que la “crisis” de derechos humanos puede “perpetuarse” en el país.
Según el gobierno, más de 7.600 personas han sido liberadas.
