El jefe de gabinete de Argentina, Nicolás Posse, renunció a su cargo y en su lugar asumirá el actual ministro del Interior, Guillermo Francos, informó el gobierno del presidente Javier Milei en un comunicado en la red social X.
“El ingeniero Nicolás Posse presentó su renuncia a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación (…) el Dr. Guillermo Francos asumirá el cargo de jefe de gabinete de Ministros con el objetivo de brindar mayor volumen político a la Jefatura de Gabinete”, dijo el gobierno en el comunicado en X.
Posse no se ha pronunciado de momento al respecto.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 28, 2024
Dentro del gobierno, Francos oficia como principal interlocutor con los distintos sectores políticos y las gobernaciones, y tiene un rol clave en la negociación de la “Ley bases”, que impulsa el gobierno y que desregula la economía argentina, modifica el sistema de pensiones y la ley laboral.
Francos también fue una pieza importante en el armado de campaña de Milei, a la que se sumó luego de haber renunciado como representante argentino en el Banco Interamericano de Desarrollo, cargo al cual había sido designado por el expresidente Alberto Fernández (centroizquierda).
Revés judicial
En medio de la crisis de gobierno, la justicia ordenó la distribución oficial a comedores comunitarios de toneladas de alimentos acopiados en depósitos del ministerio de Capital Humano, pero el gobierno de Javier Milei anunció que apelará la medida porque se trata de reservas «para catástrofes».
El juez federal Sebastián Casanello ordenó al ministerio que en un plazo de 72 horas entregue un detalle de los alimentos retenidos y proceda «de inmediato» a su distribución.
El magistrado apoyó su fallo en las estadísticas que sitúan a más de la mitad de la población en la pobreza.
«De cara a ese colectivo que sufre de modo acuciante inseguridad alimentaria y sobre quien pesa el costo de la parálisis denunciada, aparece la necesidad de la adopción urgente de una acción positiva», sostuvo.
La decisión se enmarca en una causa judicial iniciada en febrero por organizaciones sociales, críticas al gobierno, tras la interrupción en la provisión de alimentos a sus comedores comunitarios en diciembre pasado cuando el ministerio inició una auditoría.
Según la orden judicial citada por la prensa local, el juez ordenó al gobierno que establezca «un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato».
La Iglesia católica, a través del Episcopado, había exhortado el domingo al gobierno a que entregue los alimentos en cuestión, unos cinco millones de kilos de comida.
De acuerdo a las organizaciones, hay unos 45.000 comedores comunitarios en todo el país, pero una cantidad no precisada dejó de funcionar al interrumpirse la provisión que recibían del Estado, mientras otros funcionan gracias a donaciones privadas.
