La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable al Estado de El Salvador por las desapariciones de la activista de derechos humanos Patricia Cuéllar, de su padre y una colaboradora, hechos ocurridos en 1982.
La presidenta de la CIDH, jueza Nancy Hernández López, presidió el “Acto de Notificación de Sentencia en el Caso Cuéllar Sandoval y otros Vs. El Salvador”, que declara responsable al Estado de El Salvador por las desapariciones de la activista de derechos humanos Patricia Cuéllar, y de su padre Mauricio Cuellar, así como de su colaboradora Julia Pérez.
En julio de 1982, en el marco de la guerra civil, hombres armados con uniforme militar privaron de libertad a dichas personas. “El tribunal también concluyó que la desaparición de la señora Patricia Cuellar constituyó una violación del derecho a defender derechos humanos”, reza parte del documento notificado hoy. 
La sentencia emitida ordena al Estado a continuar las investigaciones para esclarecer el suceso y a juzgar y sancionar a todos los implicados. Además, las autoridades deben impulsar la búsqueda de desaparecidos y realizar un acto público en reconocimiento de la responsabilidad.
El Estado salvadoreño estuvo representado por el comisionado para DDHH y libertad de expresión, Andrés Guzman y otros funcionarios.
Los hechos
Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, nació en Washington, Estados Unidos, en 1958, pero era hija de padres salvadoreños que dicieron regresar a El Salvador y establecerse mientras ella aún era un niña.
Los registros indican que fue colaboradora de movimientos cristianos y secretaria del Socorro Jurídico Cristiano, fundado por el padre jesuita Segundo Montes, pero debido a que fue perseguida por su labor, dejó de laborar ahí en 1980.
Un día antes de su desaparición, ella había denunciado persecución de parte de hombres vestidos de civil. Las alertas sobre que algo le había pasado se encendieron cuando no esa tarde no pasó a recoger a sus hijos al colegio.
En la noche, su padre Mauricio Cuéllar, quien era gerente de la Asociación Salvadoreña de Industriales y su empleada, Julia Orbelina Pérez, fueron sacados con violencia de la casa en la colonia Escalón.
Sus vecinos dijeron que unos 10 elementos del Ejército saquearon la casa en un pick up azul y un jeep verde.
En 1982 el gobernante de El Salvador era Álvaro Magaña Borja, quien obtuvo la presidencia en unas elecciones que se llevaron a cabo en medio de la guerra civil y bajo el mandato de una Junta Revolucionaria de Gobierno.
