El multihomicidio ocurrido el 31 de julio de 2015 en la Colonia Narvarte está lejos de ser esclarecido. Este lunes se cumplen dos años del asesinato de las cinco personas, entre ellas la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa, sin embargo, las acciones que ha hecho la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en este lapso no convencen a los familiares de las víctimas ni a sus representantes legales.
El crimen dejó como víctimas mortales a Mile Virginia Martin, una mujer colombiana de 31 años; a Olivia Alejandra Negrete Avilés, trabajadora doméstica de 40 años; a Yesenia Quiroz Alfaro, apenas mayor de edad; a Nadia Vera Pérez, de 32 años y a Rubén Espinosa Becerril, de 31 años. En algunos de los cuerpos se encontraron huellas de tortura.
Tanto Nadia como Rubén habían huído de Veracruz debido a las amenazas en su contra. Vera, activista de #YoSoy132 de origen chiapaneco había responsabilizado al exgobernador de Veracruz, ahora preso, Javier Duarte, en caso de sufrir alguna agresión. Espinosa, por su parte, huyó de Veracruz, luego de recibir comentarios amenazantes por su trabajo periodístico. Pese a ello, la Procuraduría capitalina centró en un primer momento su investigación por robo y por relaciones de Mile Virginia.
Las investigaciones de la PGJ llevaron a tres detenciones: César Omar Martínez Zendejas, Daniel Pacheco y Abraham Torres Tranquilino. No obstante, las declaraciones de los tres son contradictorias y sólo Torres Tranquilino fue sentenciado a 315 años por los cinco asesinatos calificados aunque no se ha esclarecido el móvil del crimen.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México envió en junio pasado la recomendación 4/2017 a la Procuraduría y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, derivado de diversas irregularidades y falta de exhaustividad en la investigación en los hechos.
“Las autoridades de nuestra ciudad no estaban preparadas institucionalmente para atender un caso de esta magnitud. Esto es lo que evidencia el documento y que no ha habido y no hay una adecuada garantía de los derechos humanos de las víctimas de los delitos”, dijo al respecto Héctor Alberto Pérez de la Clínica de Interés Público contra la Trata del ITAM, en el marco de las actividades por los dos años.
En este sentido, pidió que las autoridades hagan un verdadero plan de investigación. “La investigación de la PGJ es reactiva (…). Lo que estamos pidiendo es que haya un verdadero plan de investigación en el que se agoten todas las líneas de investigación. Poder esclarecer lo que hoy a dos años no sabemos”.
Ayer las hermanas de Rubén Espinosa exigieron que se agote la línea de investigación sobre las amenazas y hostigamiento que éste y Nadia Vera denunciaron públicamente y señalaron como posible responsable a Duarte, y su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, también preso.
