En las democracias modernas, el equilibrio de poderes no es una formalidad, es condición indispensable para la libertad. Cuando el poder se concentra en una sola persona, partido o institución, sin controles efectivos, lo que se erosiona no es solo el Estado de Derecho, sino también la confianza ciudadana, la credibilidad internacional y la estabilidad económica de una nación.México atraviesa un momento definitorio. Desde finales de 2024, se han aprobado reformas estructurales que modifican profundamente la relación entre poderes públicos y su interacción con los ciudadanos.
La más polémica ha sido la reforma judicial que impone la elección por voto popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces y magistrados. A la par, el desmantelamiento de organismos constitucionales autónomos ha consolidado una centralización inédita del poder en el Ejecutivo, ejemplos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El gobierno ha presentado estos cambios como un acto de “profundización democrática”, argumentando que: “el pueblo debe elegir a sus jueces” y los órganos autónomos son costosos, ineficaces o cooptados por intereses privados. Sin embargo, lo que se configura es lo contrario: una arquitectura institucional que concentra poder y elimina contrapesos.
En el caso de la reforma judicial, el argumento de que la elección directa es más democrática ignora el principio esencial de independencia judicial. Los jueces no están para complacer mayorías, sino para defender derechos, incluso en contra de ellas. Convertirlos en candidatos los hace dependientes del apoyo de partidos, sindicatos, grupos de poder regionales o incluso de grupos delincuenciales, y los obliga a priorizar popularidad sobre imparcialidad. ¿Quién garantizará que un juez electo por el voto popular tenga la libertad de emitir un fallo impopular, pero legalmente correcto? además, en este nuevo sistema, jueces que favorezcan al oficialismo tendrán más posibilidades de reelegirse o recibir respaldo institucional, mientras que aquellos que ejerzan su independencia podrían ser atacados públicamente, difamados o marginados.
Esta dinámica ya se ha visto en países como Venezuela y Nicaragua (donde la justicia dejó de ser un poder autónomo para convertirse en un instrumento de persecución política). Al mismo tiempo, la eliminación de organismos autónomos socava el sistema de pesos y contrapesos. Instituciones como el INAI garantizaban el derecho ciudadano a saber en qué se gasta el dinero público. La COFECE vigilaba la competencia económica. El IFT regulaba telecomunicaciones y medios. La CRE supervisaba tarifas, contratos y subsidios del sector energético. Ahora, todas esas funciones serán absorbidas por dependencias del Ejecutivo. El mensaje es claro: menos vigilancia, menos transparencia, más poder para decidir sin supervisión.
El problema no es solo institucional. También es económico. Las principales agencias calificadoras han encendido las alertas. Moody’s bajó la perspectiva crediticia de México a “negativa”, citando preocupaciones sobre la independencia judicial y la desaparición de reguladores autónomos. Fitch Ratings y Standard & Poor’s han advertido que esta concentración del poder puede afectar la percepción de riesgo país, encarecer los créditos, reducir el flujo de inversión y poner en duda el cumplimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exige garantías legales para inversionistas extranjeros. Empresarios nacionales y extranjeros han expresado su preocupación. En un país donde la justicia puede ser dictada por criterios políticos, y donde los contratos, licencias o concesiones pueden modificarse sin posibilidad de defensa institucional, invertir se vuelve riesgoso. El fenómeno del “nearshoring”, que colocaba a México como alternativa a China para empresas estadounidenses, ha comenzado a desacelerarse. Algunas firmas han cancelado sus planes de expansión; otras han optado por países como Colombia o Vietnam.
La inseguridad agrava el escenario. En 2025, México mantiene un promedio de más de 70 homicidios diarios, cifra que por sí sola ya es alarmante. Sin embargo, el dato más estremecedor es el de personas desaparecidas: más de 100,000 mexicanos que no han vuelto a casa, no volverán y sus familias viven entre el silencio del Estado y la impunidad del crimen organizado. En este contexto, debilitar la independencia judicial y la vigilancia institucional no fortalece al Estado, sino que lo vuelve más opaco, más arbitrario y más vulnerable al crimen organizado. Sin jueces autónomos, sin fiscales con capacidad técnica, sin organismos que fiscalicen al poder, el país se convierte en tierra fértil para la impunidad.
Este proceso no es solo una regresión institucional. Es también un retroceso civilizatorio. La libertad no desaparece de golpe, la libertad se va erosionando cuando los contrapesos son vistos como obstáculos, cuando la transparencia es tachada de traición, cuando la crítica es silenciada, y cuando los jueces se convierten en voceros y los reguladores en secretarios obedientes.
La democracia mexicana (joven, imperfecta, pero conquistada con décadas de lucha), no puede sobrevivir si todos los caminos del poder conducen a una sola oficina. La concentración del poder no es eficiencia, es riesgo. No es transformación, es regresión. Y su costo, como ya lo estamos viendo, no es solo político: es económico, institucional y social.
México necesita contrapesos, órganos autónomos, jueces independientes y ciudadanía informada. Sin eso, no habrá crecimiento sostenido, ni seguridad jurídica, ni libertad auténtica. Solo una simulación peligrosa de que somos una república, pero sin serlo. Y, ¿entonces quien gobernará? Y, ¿a quienes?
La ingobernabilidad campea, los políticos en el poder cuando se convierten en cínicos, pierden toda credibilidad.
Fernando Shütte Elguero
@FSchutte
Consultor en seguridad y analista político
