Los diputados federales de Morena que no acataron la suspensión por parte de una juez federal para que se detuviera la discusión de la reforma al Poder Judicial, podrían ser sujetos al desafuero, ya que incurrieron en un delito, informó Matilde del Carmen González Barboza, magistrada de circuito, adscrita al circuito colegiado de apelación del décimo quinto circuito en Tijuana.
“En caso de que no se cumpla la suspensión, la juez y el juez de distrito que la concedieron, mientras no sean revocados por un órgano superior, tienen la obligación de dar vista al Ministerio Público Federal, para que este a su vez inicie la carpeta de investigación correspondiente, y una vez hecho lo anterior, solicitar al Congreso de la Unión, el desafuero de las autoridades que están violando la suspensión para que se pueda judicializar esa carpeta”, indicó González Barboza.
Señaló que no acatar la suspensión es un vicio en el proceso legislativo porque es una determinación que deben acatar, pero no quieren, por lo que se podría impugnar en sedes internacionales.
Luis Manuel Cota Salcido, juez de distrito adscrito al Centro de Justicia en materia penal, recordó que la suspensión que se otorgó tenía como objetivo que se detuviera la discusión de la reforma porque no ha quedado establecido que la discusión que entabló el Congreso federal es apegado a la legalidad.
Destacó que, si bien, el trabajo del Congreso es legislar, para hacerlo se debe cumplir con ciertas normas que están establecidas en la Constitución Política de México y la Ley Reglamentaria para emitir una ley.
Por otra parte, refirió que llegar a instancia internacionales debe ser hasta que el proceso legislativo finalice y en ese momento se analicé si se apegó a los estándares internacionales.
Lo anterior fue declarado durante la concentración que se dio por parte de trabajadores del Poder Judicial en Tijuana, a las afueras de los juzgados ubicados sobre Paseo de los Héroes en Zona Río. Previamente corrió el rumor que grupos de jóvenes a favor de la reforma estarían presentes en las instalaciones para encarar a los trabajadores del Poder Judicial, situación que no ocurrió. N
