La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 24 de abril una iniciativa que forma parte de la Ley de Amnistía y que faculta al presidente de México a liberar a personas sentenciadas o en proceso judicial que colaboren en el esclarecimiento de delitos.
El Senado avaló la reforma a la Ley de Amnistía anteriormente, y se espera que llegue al Ejecutivo para que se publique y entre en vigor. “El documento, turnado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, fue avalado, en lo particular y en términos del dictamen. Hubo 250 votos a favor, 197 en contra y cero abstenciones, luego del desahogo de las reservas de diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC, PRD y sin partido”, indicó el Congreso.
LA LEY OTORGA EL BENEFICIO DE AMNISTÍA DE MANERA DIRECTA
Con el agregado, se establece que por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa. Ello sin sujetarse al procedimiento establecido en ese ordenamiento, en casos específicos que reúnan las siguientes condiciones:
“Que la amnistía se otorgue a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano, y que en contra de la persona o personas a las que se conceda la amnistía, se haya ejercido la acción penal, estén siendo procesados o se encuentren sentenciados por cualquier delito”.
López Obrador, a pregunta expresa de periodistas en su conferencia matutina de este miércoles, dijo que con esa reforma podría dar la amnistía a por ejemplo en el caso de la desaparición, ocurrida en 2014, de los 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
LA OPOSICIÓN ESTÁ EN DESACUERDO
“Nos importa mucho saber dónde están los jóvenes, entregar a los jóvenes (de Ayotzinapa)”, dijo sobre este caso que desató una ola de protestas en todo el mundo y que se comprometió a resolver cuando inició su gobierno, en diciembre de 2018.
La iniciativa generó críticas por parte de los opositores, que la consideraron propia de “regímenes totalitarios”. Otro argumento es que equivale a “dar las llaves” de las cárceles al presidente. Por otro lado, los legisladores aprobaron también modificaciones a la ley de amparo que apunta a limitar las facultades de los jueces para suspender la aplicación de leyes que sean objeto de juicios constitucionales.
Con la reforma aprobada por el Senado y a la espera que el presidente la firme, las normas que fueron blanco de controversias ya no tienen efecto pero se espera que se resuelvan en la Suprema Corte. La oposición advirtió que recurrirá al máximo tribunal para impugnar la reforma por considerar atenta contra la independencia del poder Judicial. N
