Las persistentes tasas de homicidios, crecientes extorsiones, secuestros y desapariciones configuran un desolador escenario para las y los mexicanos. Aunque hace más de 20 años que el tema de la seguridad se volvió prioritario en el debate público y, desde luego, en las preocupaciones de la ciudadanía, pareciera que nunca estuvimos tan mal como ahora.
Pero esta crisis no es inédita. De ahí la importancia de volver a la historia y observar qué y quién ha hecho posible hallar alguna salida a estos callejones y cómo se han transitado. Aunque tales relatos suelen protagonizarlos las acciones y reformas de las instituciones públicas, el empresariado tiene una vasta experiencia actuando durante las crisis de violencia, y su participación en las políticas de seguridad pública es un buen ejemplo de qué tan lejos puede llegar la ciudadanía cuando se decide a actuar. Sabemos que el empresariado ha participado de muy diversas maneras en la construcción de la seguridad, por lo menos, desde la década de 1990. En ciudades como Guadalajara, Guanajuato, Chihuahua, Tijuana y Monterrey, algunos de sus proyectos incluso han sido etiquetados como ‘casos de éxito’.
En el marco del proyecto Extorsión empresarial y seguridad pública en Tijuana, desde México Evalúa pudimos documentar el caso emblemático de esta ciudad fronteriza durante la crisis del periodo 2008-2010. Mediante la revisión de la memoria y el relato del sector empresarial, la historia nos permitió obtener valiosas pistas para navegar mejor en la actual tormenta, caracterizada por el alza de la extorsión y el cobro de piso.
Desde su fundación, Tijuana ha tenido las llamadas “zonas de tolerancia” y una vida criminal que, para algunos, “está en el ADN de la ciudad”1. En 2008, el ambiente violento que antes se restringía tanto simbólica como geográficamente a estos linderos empezó a afectar a la población en general. Tras convertirse en las víctimas principales de una crisis de secuestros, la clase media, particularmente el empresariado, decidió tomar medidas. Logró algo muy difícil: coordinarse al interior del gremio y con otros actores de la sociedad civil para, primero, exigir que la autoridad se ocupase de la situación y, después, colaborar en tales acciones. En la memoria aún muy presente de la ciudadanía en general, la Tijuana de 2008 se recuerda como tiempos muy aciagos, pero también con cierta melancolía, pues representa un hito en el que, gracias a las iniciativas del sector empresarial, el rostro de la ciudad pareció cambiar.
De entrada, unidos como gremio establecieron un diálogo con los responsables de la seguridad pública, desde el gobernador hasta los jefes policiales. Algunos empresarios recuerdan que, al principio, las autoridades se mostraban reticentes, incluso recelaban del involucramiento de los empresarios en el tema. Sin embargo, su presión eventualmente consiguió que se tomaran medidas, incluida la participación de la autoridad federal en la atención al problema.
Además de esas conversaciones, los empresarios salieron a las calles a manifestar su inconformidad con la situación y demandar acciones prontas por parte de las instituciones públicas. Finalmente, se organizaron para fundar o fortalecer consejos, comités y grupos de trabajo en los que buscaron institucionalizar la colaboración entre autoridades y sociedad civil. Por si fuera poco, otros empresarios se encargaron de poner en marcha emprendimientos que, en plena crisis económica global, no sólo tenían el mérito de cambiar la imagen de la ciudad respecto a la inseguridad, sino también el de reactivar la economía local.
Es innegable que las condiciones de cohesión interna e intersectorial alcanzadas en 2008 son necesarias para gestionar la actual crisis de inseguridad en Tijuana. Pero toda esta búsqueda de referentes debe acompañarse de una revisión cuidadosa de esa época que nos permita también rescatar algunos aspectos problemáticos y advertir errores.
Y es que es cierto que en ese tiempo los índices de criminalidad disminuyeron, pero algunos de los medios que se utilizaron para lograrlo entorpecieron la construcción y el fortalecimiento de instituciones públicas democráticas, que garantizaran el orden social, desde un marco de respeto a los derechos humanos.
En sus relatos, algunos empresarios tijuanenses arguyen que parte de los resultados de aquella época descansaron en la aplicación de políticas de mano dura, implementadas por funcionarios cuya reputación tenía dos componentes: efectivos, pero controversiales. El segundo atributo hace referencia directa a la comisión de abusos y el exceso de violencia que supuso la criminalización de ciertos jóvenes de barrios populares y la vulneración de sus derechos fundamentales. Los empresarios reconocen que se cometieron excesos; algunos los reprueban o se reprochan haberlos dejado pasar, otros se encogen de hombros pensando que esa era (y que aún es) la única forma de atajar el problema, porque ‘las grandes batallas siempre implican pérdidas’.
Esto permite ver que, incluso entre las soluciones que parecen alcanzar sus objetivos o detrás de los llamados ‘casos de éxito’, hay medidas que no son deseables y que, sin importar lo grave de la emergencia, consentir este cruce de límites implica en el fondo debilitar a las instituciones públicas y perpetuar eso que dio origen a la crisis.
Por otra parte, esta revisión abre otro tipo de preguntas: si entre 2008 y 2010 se había logrado disminuir considerablemente los índices delictivos, ¿por qué hoy, otra vez, las y los tijuanenses perciben que viven en crisis de inseguridad y violencia?
La información colectada en la inmersión que realizamos en Tijuana sugiere que, una vez pasado el sentimiento de emergencia, cuando la delincuencia volvió a ser “cosa de las zonas pesadas de la ciudad”2, el sector volvió a concentrarse en sus objetivos particulares y se perdió la cohesión que habían conseguido. La agenda de seguridad pública quedó en manos de un grupo de empresarios y las organizaciones creadas se debilitaron dado que, cada vez que se inicia una administración local, deben volver a construir lazos, establecer canales de comunicación y conseguir la coordinación entre las diferentes instituciones. Aunque sus coordinadores no cesan en el empeño de transformar el panorama, la mayoría de las veces reman contra corriente.
Entonces, ¿cómo rescatar lo bueno del pasado, sin repetir los desaciertos? Desde México Evalúa y el Center for International Private Enterprise aprovechamos estas lecciones que la historia nos deja, así como otras disponibles en México y el mundo, para adaptar la experiencia del empresariado tijuanense hacia la atención de delitos puntuales, en nuestro caso, la extorsión y el cobro de piso, así como para desmitificar las ideas de la naturaleza violenta de la ciudad (o de algunos de sus barrios) y de que nos encontramos en un callejón sin salida.
De esta forma, generamos un conjunto de ‘medidas a la medida’ que, con responsabilidad, invitan al sector privado a actuar promoviendo la seguridad bajo una serie de premisas: las acciones emprendidas no sólo deben ser factibles, sino también deseables; éstas deben orientarse no sólo a la disminución de los delitos, sino también al fortalecimiento del Estado que, bajo ningún esquema, debe ser reemplazado o desplazado y, finalmente, que los esfuerzos y estrategias deben ser sostenidos en el largo plazo, especialmente cuando el contexto ya no se percibe como una emergencia. N
1 Entrevista a un empresario tijuanense realizada por los autores el 15 de mayo de 2023.
2 Testimonio recolectado en una mesa de trabajo con integrantes del empresariado local en enero de 2023.
* Investigadores asociados en el Proyecto Extorsión Empresarial y Seguridad en Tijuana, para México Evalúa y CIPE. Proyecto coordinado por María Teresa Martínez Trujillo, profesora-investigadora en el Tecnológico de Monterrey.
