EL GOBIERNO del Estado de México, a través de Rodrigo Espeleta Aladro, secretario de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de esa entidad, interpuso la semana pasada un recurso de queja contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por violar la orden de un ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) para que en ese estado se sigan calculando sus participaciones federales con datos del Censo de Población de 2010 y no con los de 2020.
Las participaciones federales son aquellos recursos que se transfieren por la vía de la Federación a los estados y, por medio de estos, también a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México por su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, explica la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Los recursos entregados son “de libre administración hacendaria” para los gobiernos locales, que se ejercen con base en los marcos jurídicos y normativos locales, y hasta antes del ejercicio de 2016 no eran recursos fiscalizables por la Auditoría Superior de la Federación.
Dichas participaciones entregadas a todo el país se basan en los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, excepto para el Estado de México, que tras el veredicto de un juez seguiría basándose en el censo de hace diez años.
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Sin embargo, de acuerdo con Luz Elena González Escobar, secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, este caso “suena irracional y lo es, pues lo que se ataca es un dato, una cifra estadística y demográfica: la población mexicana que captó el nuevo censo y que impacta los cálculos de la fórmula que distribuye los recursos federales entre las entidades”.
En una columna publicada en El Financiero el lunes 11 de octubre, la funcionaria explicó: “La Federación tiene procedimientos establecidos para distribuir los fondos de recursos federales con regularidad, con transparencia y con un sentido de equidad que obedece, sobre todo, a la variable demográfica. Es decir, a la dinámica cambiante de nuestra población en el territorio nacional”.
Estas son fórmulas que son conocidas por todos y que han sido utilizadas invariablemente por la Secretaría de Hacienda, explica la secretaria de Finanzas capitalina. “A esas fórmulas nos hemos atenido los distintos gobiernos a lo largo de los años y de los sexenios como parte del pacto fiscal, respetando el acuerdo, respetando la ley y respetándonos todos los gobiernos de las entidades”.
Por ello, indica en el artículo, las fórmulas del reparto y los datos que las alimentan tienen un claro sentido demográfico: se trata de otorgar recursos para atender personas, seres humanos, para financiar sus derechos, para garantizar servicios esenciales de la mejor manera y de la forma más justa. “Por eso las fórmulas responden al crecimiento y a los movimientos de la población como determinante fundamental”.
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En el caso de la Ciudad de México, se modificó una tendencia que prevaleció durante toda la década pasada y que ahora se invierte para sumar 358,864 nuevos habitantes en relación con lo captado en el censo de 2010.
“Esto modifica necesariamente los cálculos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que ha de reflejar —a su vez— los cambios en la fórmula de distribución de recursos. Enfatizo este punto porque, durante más de una década, la Ciudad de México recibía menos participaciones, proporcionales por la trayectoria a la baja de su población, y a pesar de eso, si bien cuestionando la forma en que se reflejaba el dato en la fórmula de reparto, la capital del país respetó este acuerdo sin negar la realidad poblacional, porque respetamos la coordinación fiscal”.
Bajo ese argumento la Secretaría de Finanzas de la capital alega como “inconcebible” e “inadmisible” que ahora “se pretenda que la fórmula ignore los datos del censo, que no son otra cosa que los datos de la realidad del país, los datos de su geografía humana más básica”, como es el caso del Estado de México.
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La controversia constitucional que presentó el Estado de México pone el foco en que las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondientes al primer trimestre de 2021 reportan que la entidad tiene 18 millones 162,000 habitantes, lo que significa una reducción de un millón 58,000 habitantes respecto al Censo de 2020.
Según la entidad, esto se traduciría en una reducción de 4,328 millones de pesos anuales en sus participaciones federales.
La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México argumenta que este proceso jurídico “ha estado lleno de otras tantas anomalías: el recurso interpuesto fue presentado fuera de los plazos legales; su contenido no tiene que ver con la Constitución, sino con una fórmula técnica, demográfica y estadística y por eso tuvo que ser convertido —de modo artificial— en un litigio constitucional; de ese modo extralógico, las resoluciones emitidas en el litigio crean un estado de excepción exclusivo para una sola entidad”. N