CON DIEZ votos unánimes, este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto.

El Pleno invalidó el artículo 196 del Código Penal del estado de Coahuila, que imponía una pena de hasta tres años de cárcel a la mujer que se practicara un aborto, o a la persona que la ayudara con su consentimiento.

Asimismo, dejó sin efecto el artículo 198, el cual señala que, si el aborto lo comete un médico o médica, comadrona o partero, enfermero o enfermera, o practicante de medicina o de enfermería, se “le suspenderá de dos a seis años en el ejercicio de su profesión, oficio o práctica”.

También se invalida el artículo 195, el cual menciona que “comete aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo”, en este caso, con siete ministros que votaron a favor.

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El ministro presidente, Arturo Zaldívar, afirmó que con la decisión no solo se invalidan las normas que fueron discutidas, sino que establece un “criterio obligatorio para todo los jueces y juezas del país”.

“A partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este tribunal constitucional.

“A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, claridad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo, a las mujeres. Es un paso más en la lucha histórica por su igualdad, su dignidad y el pleno ejercicio de sus derechos”, dijo.

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Durante el segundo día de discusión, el ministro José Fernando Franco y la ministra Margarita Ríos-Farjat se pronunciaron a favor de declarar la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto.

Ayer, ochos de los ministros se posicionaron a favor del proyecto. El ministro José Mario Pardo no estuvo presente en la discusión por “causas de fuerza mayor”.

La ministra Margarita Ríos-Farjat señaló que se inclinaba a favor de no penalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Afirmó que “nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar”.

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Detalló que al año se realizan entre 750,000 y un millón de abortos clandestino, lo cual aumenta las complicaciones conforme a la pobreza y residencia rural.

La acción de inconstitucionalidad 148/2017 fue promovida en octubre de 2017 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que en su momento demandó la invalidez de diversas disposiciones del Código Penal del estado de Coahuila de Zaragoza.

Tras darse a conocer el fallo de la SCJN que despenaliza el aborto, manifestantes tanto a favor como en contra de esta ley se expresaron en varios puntos del país. N