Estos son los puntos de la controversia constitucional por la municipalización del agua | Newsweek México


Estos son los puntos de la controversia constitucional por la municipalización del agua

La controversia constitucional en contra de la municipalización del agua en Baja California ya está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y estos son los puntos que los 10 diputados argumentaron para rechazar la iniciativa del gobernador Jaime Bonilla.

El pasado 31 de julio, último día de la XXIII legislatura de Baja California, 10 diputados firmaron el documento donde solicitan la impugnación del decreto, por considerarlo violatorio a la constitución.

El Presidente de la Mesa directiva del congreso del estado, Juan Manuel Molina, que promueve la controversia constitucional, prevé que la SCJN fallará a favor por la falta de participación y audiencia a los ayuntamientos en el proceso legislativo.

“Si se hubiera dado audiencia a los ayuntamientos, los diputados y diputadas hubieran escuchado todas esas divergencia que hoy hay en los cabildos, quizá la votación hubiera sido de manera distinta”, añadió.

1.- Falta de transparencia

Los diputados alegan que el proceso legislativo por el que se aprobó la transferencia de los organismos de agua estatales a los ayuntamientos no fue transparente pues la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos sesionó con solo la presencia de 4 integrantes, además que no les hicieron llegar con tres días de anticipación el dictamen que integraba las reformas a la ley del agua.

Ya en la sesión del 27 de Julio, se dispensó el dictamen, cuando este proceso se lleva a cabo cuando fue distribuido con anticipación a los diputados para su análisis.

Añaden que para integrar esta controversia, se solicitó a la mesa directiva la documentación del proceso para integrarlos, pero fueron negados.

2.- Injustificación de la urgencia

En la controversia constitucional, se expone que nunca se justificó la urgencia para aprobar la ley, toda vez que el gobernador Jaime Bonilla envió la iniciativa el pasado 23 de julio, y cinco días después ya estaba aprobada y publicada en el Diario Oficial. 

3.- No participación de los ayuntamientos revisando la iniciativa

No se tomó en cuenta a los municipios para que participaran en las discusiones en la revisión de la iniciativa en la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos, quien debió convocar como mínimo cinco días previos a los ayuntamientos.

Los municipios nunca fueron convocados ni avisados que se pretendía el traslado de la operación del servicio del agua.  

Si bien en el artículo 115 de la constitución mexicana dice que los municipios deben ser los que proporcionen de los servicios públicos como agua y drenaje se especifica que deben ser los municipios quienes soliciten al gobierno del estado el traslado de operación, y no al revés.

4.- Violación a la autonomía de los municipios

Los diputados alegan en la controversia que se violó la autonomía de los municipios, pues se les obliga a crear una paramunicipal para la operación del agua, cuando estos tienen la “capacidad de diseñar y aprobar su organización administrativa”.

La reacción de los municipios

Algunos ayuntamientos a través de los cabildos se han manifestado contra la municipalización del agua, consideran que afectará el financiamiento de los ayuntamientos, pues heredarán los adeudos de las paraestatales.

Regidores del municipio de Ensenada presentaron una demanda de juicio político contra el alcalde Armando Ayala, por convocar a sesión emergente sin justificación para aprobar el traslado de la operaciones del agua al municipio. 

En Tijuana, el cabildo deshecho la iniciativa por considerar que era una decisión que debía analizarse y no tomarse de manera apresurada.

Los Síndicos de Tecate, Playas de Rosarito y Mexicali presentaron también una controversia constitucional conjunta contra el congreso del estado ante la SCJN, por no considerar a los municipios en la revisión de la iniciativa.

 

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