En sesión ordinaria a distancia, este martes la Comisión de Servidores Públicos de la LXIV Legislatura, que preside la diputada Lucía Armendáriz Silva, aprobó diversos dictámenes que pretender regular el marco normativo en materia de salarios, esquema de pensiones, procedimientos legales ante el Tribunal de Arbitraje y ampliación del concepto de acoso laboral.
De esta manera, el dictamen que resuelve la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos al Servicio del Estado de Aguascalientes, que planteó la legisladora Natzielly Rodríguez Calzada, interante del Grupo Parlamentario de MORENA, la cual está encaminada a establecer el salario mínimo general vigente como base para determinar la cuantía de pago de pensiones en cualquier modalidad que figure ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA).
En la argumentación, se estipula que la pensión de retiro de los trabajadores es una prestación de seguridad social que se sustenta en el salario, por lo que sí se clacura con base la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se desnaturaliza la pensión la ser un elemento ajeno a la prestació, tal y como lo indica la jurisprudencia que emitió al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por otro lado, avalaron el dictamen que reforma el artículo 142 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, sus Municipios y Organismos Descentralizados, que planteó el diputado Gustavo Báez Leos, en representación del Grupo Parlamentario Mixto del PAN-PRD, con el objeto de fijar un plazo de tres días hábiles cuando se realice una práctica, o actuación de un derecho procesal ante el Tribunal de Arbitraje, en concordancia como con la Ley Federal del Trabajo.
En otro punto del orden del día, fue aprobado el dictamen que reforma la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos al Servicio del Estado de Aguascalientes, que propuso el diputado Mario Valdez Herrea, a nombre del Grupo Parlamentario Mixto que integran PVEM-PNA-PES, el cual establece que para efectos de formular la pensión de retiro, se tome en cuenta el sueldo base cotizado durante los últimos tres años de servicio del trabajador en el mismo puesto y nivel, lo que inhibiría actos de “oportunismo, malas prácticas en la función pública y al mismo tiempo incrementaría de manera justa las percepciones de jubiladas y jubilados”.
Acto seguido, fue avalada la iniciativa de reforma al Estatuto Jurídico de los Trabajadores del Estado, sus Municipios y Organismos Descentralizados, planteada por la legisladora Elsa Landín Olivares, en representación del Grupo Parlamentario del PRI, en el sentido de ampliar y clarificar las conductas que señalen acoso laboral.
El objetivo de esta propuesta es blindar a las y los servidores públicos ante este tipo de actos que en varios casos se cometen de manera sistemática, por lo que al especificarse los elementos de estas prácticas, se pretende prevenir o sancionar en su caso, este tipo de malas prácticas.
Al respecto, la diputada Lucía Armendáriz informó que los dictámenes se turnarán a la Junta de Coordinación Política para que determine su inclusión en el inventario de asuntos por desahogarse ante el Pleno legislativo.
Se contó con la participación de las legisladoras Érica Palomino Bernal, Paloma Amézquita Carreón, Patricia García y del diputado Alejandro Serrano Almanza, quienes fungen como secretaria y vocales de la Comisión.
