La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el Decreto 52 que establece el inicio del proceso electoral hasta diciembre en Baja California y no este lunes como en el resto del país.
Con seis votos a favor y cinco en contra, los ministros rechazaron que ese decreto represente una violación del procedimiento legislativo y desestimaron el proyecto que propuso invalidarlo, presentado por la ministra Lucía Piña Hernández.
La ministra expuso que el decreto 52 tiene origen en una iniciativa del gobernador Jaime Bonilla para modificar la fecha de inicio de los procesos electorales y fechas para integrar los consejos distritales locales.
La iniciativa fue aprobada el 11 de marzo pasado por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, pero Piña Hernández observó irregularidades.
Dijo que los diputados del Congreso de Baja California recibieron el dictamen 25 minutos antes de que iniciara la sesión, lo cual significa que no tuvieron tiempo suficiente para analizar el documento.
“Los diputados se tienen que repartir dictámenes con 3 días de anticipación”, dijo Piña Hernández.
Sin embargo, otros de los ministros desestimaron su planteamiento.
A favor del decreto, argumentaron que la modificación del plazo no afecta ni altera el proceso electoral local, ni las funciones de autonomía del Instituto Electoral local de Baja California.
Expresaron que tampoco afecta los derechos de participación política de las comunidades indígenas y de los mexicanos que votan en el extranjero, ni viola los derechos de participación política de los aspirantes a candidatos.
Por estas razones, la SCJN declaró infundado el proyecto de inconstitucionalidad y se mantiene el inicio de la contienda electoral para el primer domingo de diciembre, como lo establece el Decreto 52 y no el segundo domingo de septiembre.
El Decreto 52 implica reformas a la Constitución local, a la ley electoral y a la ley que reglamenta las candidaturas independientes en Baja California, mismas que fueron impugnadas por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano.
En mayo de 2020, la SCJN rechazó por unanimidad reformas a la Constitución que darían origen a la llamada Ley Bonilla, lo que hubiera permitido ampliar el periodo de mandato del actual gobernador a cinco años y no dos.
Con este antecedente, el gobernador bajacaliforniano esperaba un nuevo revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así lo declaró el pasado fin de semana en una de sus transmisiones por redes sociales.