El gobernador Jaime Bonilla, el principal agresor de la prensa en Baja California | Newsweek México


El gobernador Jaime Bonilla, el principal agresor de la prensa en Baja California



En apenas nueve meses, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, y parte de su gabinete han agredido con declaraciones de desprestigio a la prensa y atacado a la libertad de expresión 123 veces, según la investigación de Newsweek Baja CaliforniaPrensa Bajo Fuego.

El desprecio de Bonilla hacia la prensa incrementó con la llegada de la pandemia por el COVID-19. La mayoría de los casos, se registraron entre junio y julio pasado.

Según datos del reporte, el gobernador transmitió en vivo a través de sus redes sociales y de las institucionales, 224 veces, y en 45 de esos videos atacó a mujeres periodistas y desprestigió la labor informativa de los medios.

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El análisis en el que asesoró con metodología el organismo internacional Artículo 19, reveló que por cada 5 transmisiones de gobierno, una fue usada para agredir a periodistas, o atacar a la libertad de expresión.

El primer desprestigio ocurrió en enero y en una transmisión se refirió como “notas amarillistas” a reportes de prensa sobre el arribo de migrantes a Tijuana.

Pero hay casos más graves, donde el gobernador lanzó llamados a la población a no leer medios, ni comprar periódicos, atentando así al derecho a la información de la población.

Dos de las víctimas más recurrentes de Bonilla han sido la corresponsal del diario Reforma, Aline Corpus, y la codirectora del semanario Zeta, Adela Navarro.

Prensa Bajo Fuego, la iniciativa periodística que utiliza datos abiertos y trabajo colaborativo, encontró patrones y tendencias luego de registrar y analizar los discursos de Jaime Bonilla, y de miembros de su gabinete, en los reportes diarios de gobierno.

A Corpus le dijo que se veía “muy mal con su periódico”, tras un reportaje sobre el ocultamiento de información sobre decesos, y a Navarro la ridiculizó diciendo que se había equivocado 22 veces en un artículo de fondo sobre ocultamiento de resultados de pruebas de pacientes con COVID-19.

De hecho, con la llegada de la pandemia al estado, el secretario de Salud de Baja California se unió a las transmisiones y según el análisis, fue el segundo funcionario con más discursos contra la libre expresión y agresiones directas a medios y periodistas.

“El fake news está por todos lados. El querer infundir miedo para debilitarnos como sociedad y gobierno, no lo vamos a permitir”, dijo Alonso Pérez Rico el 23 de marzo.

“Si no se les dice aquí, por el gobernador, es falso”, reafirmó un día después.

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Las acusaciones de noticias falsas y explicaciones sobre cómo los medios supuestamente publicaban para golpear en venganza, porque no recibían contratos por publicidad oficial, se convirtieron en mensajes recurrentes durante las transmisiones.

“Buscan la alarma, asustar a la gente. Lo peor que nos puede pasar es empezar a creerle a estos periodistas que dicen conocen de medicina y la realidad es que no conocen la diferencia entre una Nazil y un Mejoral”, dijo Bonilla en otra de sus transmisiones.

La mayoría de las veces, Bonilla y miembros de su gabinete, se expresaron contra la prensa en general, pero siempre que agredieron de forma directa, fue solo a mujeres periodistas.

En total, agredieron a cuatro reporteras en 38 ocasiones.

Sin nombrarlas, desacreditó el trabajo de Erika Gallego, de La Voz de la Frontera y de Elizabeth Vargas, de Ensenada.net. 

También están los casos de Aline Corpus, de Reforma y de Adela Navarro, de Zeta, a quienes sí identificó por sus nombres.

“No hay justificación para inventar una nota. Terminan con las carreras de ustedes mismos, porque terminan con huevo en la cara”, dijo Bonilla el 6 de junio, tras proyectar la nota “Esconden en BC cifras de muertos”, firmada por Aline.

Una semana después, el 13 de junio, el mandatario felicitó sarcásticamente a la directora del semanario Zeta, Adela Navarro, por seguir su reporte de gobierno.

“Muy importante que esté bien informada para que no publique cosas que no son en el periódico”, dijo Bonilla.

Fue la primera de cuatro agresiones contra Adela en esas transmisiones. El Semanario Zeta, además, es un medio que ha sido desacreditado 11 veces por el gobernador.

Pero las agresiones a la prensa, por parte del gobernador Bonilla, no son la única forma en que lastima el derecho a la información.

No convoca a conferencias de prensa y usa como pretexto la pandemia.

La primera conferencia del gobernador fue también su última: el 1 de noviembre del año pasado, cuando inició funciones.

La investigación revela que en julio pasado, Bonilla cumplió 273 días sin conferencias, un formato de comunicación donde periodistas cuestionan y piden precisiones sobre acciones o comentarios de los funcionarios con el propósito de informar a la población.

Para la representante en México de Reporteros Sin Fronteras, Balbina Flores, sin este mecanismo de diálogo entre medios y gobierno, la ciudadanía pierde la posibilidad de estar realmente informada.

“Aquí el principal derecho que se estaría violentando es el derecho a la información”, dijo la activista de RSF sobre la falta de conferencias.

El gobernador se comunica diariamente con los seguidores de las redes sociales personales e institucionales por medio de transmisiones en vivo en las que platica sobre los temas que considera oportunos, y aprovecha también ese espacio para promover a sus empresas de medios.

Prensa Bajo Fuego reveló que en los nueve meses de su gobierno, lo hizo seis veces y todas ellas utilizando recursos públicos.

Cinco ocasiones lo hizo desde oficinas de gobierno, utilizando el aparato público y sus recursos, y otra más lo hizo desde las propias instalaciones de PSN con personal del gobierno del estado.

PSN es un grupo de medios compuesto por estaciones de radio y televisión que cuenta con concesiones federales.

“¿Quieren saber la verdad? Vean PSN”, dijo por ejemplo el pasado 17 de julio

Esa actitud y política del gobernador morenista suman un cúmulo de presuntas faltas que deben ser observadas por autoridades electorales, organismos de derechos humanos y el poder legislativo, según Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi).

“Hay no solo una, sino muchas irregularidades de un funcionario que ha demostrado en varias ocasiones un desprecio a la democracia”, comentó.

Explicó que cualquier político puede ser dueño de un medio de comunicación, pero una vez en un cargo público no debe favorecer a uno solo, y menos al propio.

El reportaje completo puede ser consultado en prensabajofuego.com 

(Con información de Daniel Ángel Rubio, Eduardo Jaramillo, Fernando Martínez e Isabel Mercado).

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