Clasifican nuevos delitos de corrupción para empresas y asociaciones | Newsweek México


Clasifican nuevos delitos de corrupción para empresas y asociaciones



A partir de ahora personas morales, empresas y asociaciones civiles podrán ser imputadas si son encontradas responsables de la comisión de un catálogo de 38 delitos debido a una reforma al Código Penal de Yucatán, que entró en vigor el día 23.
Un total de 38 delitos como tráfico de influencias, abuso de confianza, enriquecimiento ilícito, cohecho, peculado, falsificación de documentos, entre otros, son los que podrán ser imputados si se les encuentra responsables por la comisión de alguno de ellos. Este concepto es un programa de cumplimiento normativo de prevención que debe implementarse en las empresas y modificar su probable responsabilidad penal si de alguna manera se ve involucrada en alguna de esas transgresiones a la ley.
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anti corrupción de Yucatán (SEAY) considera un acierto esta reforma penal, pues fortalece la cultura anti corrupción. Bajo el concepto de Compliance, que implica la integridad empresarial, los legisladores consideraron un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las empresas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan.
Mónica Febles Álvarez-Icaza, presidenta de la SEAY afirmó que éste modificación es de suma importancia para que las Cámaras Empresariales, colegios de profesionales y organizaciones civiles difundan entre las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en que consiste este programa de cumplimiento normativo para garantizar que las personas morales actúen con apego a los códigos de ética, políticas internas y normas legales como parte de sus buenas prácticas.
El Comité de Participación Ciudadana, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del SEAY están elaborando un trabajo de vinculación con las personas morales, a través de las propias Cámaras, para brindar asesoría y capacitación de forma gratuita, a los responsables de elaborar esos programas de cumplimiento normativo ya que, en caso de no tenerlos, y la empresa se vea involucrada en alguno de esos 38 delitos, queda expuesta a las acciones penales que procedan.

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