Esta semana se ha escrito un nuevo capítulo a la ya extensa lista de ejecuciones que empiezan a ser algo normal en las calles de las ciudades en Guanajuato. Los medios locales no lo reportan, pero el periódico Reforma afirma en una nota que, en las recientes ejecuciones sucedidas en una conocida plaza de Irapuato, falleció un menor de cinco años, lo cual debería estremecer los cimientos de la sociedad, una sociedad temerosa que ya no sabe a dónde voltear.
Mientras tales calamidades suceden, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha presentado su fórmula mágica para desaparecer el flagelo de la inseguridad en el territorio nacional.
En el documento, denominado Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, se afirma que se trata de un paradigma de seguridad pública radicalmente distinto al que ha sido aplicado en sexenios anteriores. De acuerdo con la explicación, este nuevo plan supone la reformulación del papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública, a partir del próximo 1º de diciembre. Para tales efectos se enlistan ocho ejes rectores, de los cuales me enfoco en el último.
El octavo eje se refiere a la seguridad pública, la seguridad nacional y paz. Se parte de la premisa de “repensar” la seguridad nacional y “reorientar” a las fuerzas armadas. Se atribuye al mando civil la culpa de que el Ejército y la Marina hayan sufrido desgastes y pérdida de confianza entre la población, debido a órdenes de realizar acciones represivas y funciones policiales para las cuales estas instituciones no han sido facultadas ni capacitadas.
De acuerdo con el diagnóstico, la Policía Federal es en la actualidad un agrupamiento con déficit de disciplina, capacitación y profesionalismo, tal como igual sucede con los agentes ministeriales y policías estatales y municipales.
Ante ese panorama, la conclusión es que resulta necesario seguir disponiendo de las instituciones castrenses en la preservación y recuperación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia. La respuesta a ello radica en que las Fuerzas Armadas participen en la construcción de la paz mediante la formación, estructuración y capacitación de la que será la Guardia Nacional.
Los efectivos de ese nuevo cuerpo, que surtiría las veces de una especie de Gendarmería Francesa o de Guardia Civil Española, provendrán esencialmente de los cuerpos de las policías militar y naval, así como de aquella misma Policía Federal que tan solo líneas arriba carecía de disciplina y profesionalismo.
Dado el anterior esquema, es evidente que la Cuarta Transformación no pasa por sacar a los elementos castrenses de las calles, como tanto se repitió en campaña, sino todo lo contrario: el objetivo es reforzar su intervención en las tareas de seguridad pública.
Ejército y Marina no saldrán de las calles, sino que intensificarán y aumentarán su presencia pública en tareas de seguridad. En este sentido, la estrategia propuesta por López Obrador, lejos de apartarse de la línea que hace doce años instauró Calderón y que prosiguió en el régimen de Peña, garantiza su continuidad al mantener en las calles a las fuerzas castrenses, aunque con la novedad de que bajo este nuevo “paradigma”, el presidente tendrá bajo su mando directo al menos 50 mil elementos de seguridad. No quiero imaginar los lamentos y golpes de pecho si al aún presidente Peña se le hubiera ocurrido un esquema similar.
El documento presentado por el próximo gobierno no hace referencia a las estrategias que seguirá para atacar al crimen organizado, para afectarles en sus finanzas y, si bien se reconoce la disfuncionalidad de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, tampoco se ofrecen grandes remedios para modificar esa situación, de hecho, se recurre al clásico expediente de “reformar la ley para evitar la corrupción”, por más que se ha demostrado que ello no basta.
Se trata solo de trazos generales que no establecen mecanismos de evaluación de resultados, de manera que la única forma de conocerlos será a través de constatar la paridad entre los buenos deseos y la realidad.
Es imposible anticipar qué repercusiones tendrá esta política publica que en materia de seguridad oferta la inminente nueva administración. No hay referencias cuantitativas suficientes como para poder valorar los posibles efectos que este nuevo cuerpo de seguridad propuesto pueda generar. El documento presentado por López Obrador parece más un dechado de buenas intenciones que un verdadero programa definido y con objetivos planteados para atacar al crimen.
Siendo la seguridadla primera exigencia ciudadana, es necesario conceder el beneficio de la duda y reconocer la conciencia que muestra el nuevo gobierno sobre la irresponsabilidad que significaría apartar al Ejército y a la Marina de las tareas de seguridad pública, por mucho que no exista ningún asidero jurídico para ello, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha encargado de invalidar el único que había.
