El 23 de agosto, en un noticiero local, el secretario de Seguridad Pública en San Luis Potosí, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, aseveró que «de acuerdo con las estadísticas oficiales, San Luis Potosí es un estado que está creciendo, la inversión está llegando y el empleo está en máximos históricos, lo que refleja el clima de estabilidad para el desarrollo económico y social».
El atajo oficioso que Pineda utilizó para salir del paso cuando estaba siendo severamente cuestionado por el incremento de la incidencia delictiva en el primer cuadro de la capital del estado forma parte del catálogo de sofismas que los gobiernos estatales han acuñado por todos los frentes para promover los beneficios de un estallido industrial que no termina de reflejarse en la calidad de vida de los potosinos.
Édgar tiene 23 años, apenas la edad en que debería estar concluyendo sus estudios universitarios; en cambio, truncó la preparatoria y acumula ya una larga lista de empleos, entre los que cuenta por lo menos a cuatro empresas trasnacionales ubicadas en la Zona Industrial capitalina.
La penúltima fue una empresa sueca de logística, encargada de facilitar el traslado de los más de mil coches que a diario arma General Motors en su planta de San Luis Potosí que le pagaba 174 pesos por día de ocho horas, trabajando de lunes a sábado, le agregaba unos 500 pesos mensuales en vales de despensa, un fondo de ahorro a razón del 8% de su sueldo y apenas las prestaciones de ley.
En total, el chico tenía que mantener a su familia (y ya esperaba a su primer bebé) con un sueldo de aproximadamente 5,700 pesos mensuales, es decir, 3,208 pesos menos de los necesarios para cubrir la línea de bienestar para los tres miembros de su familia, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México (Coneval).
Hoy, mientras espera a que den las ocho de la mañana para entrar a la escuela en la que acaba de inscribirse para convertirse en Técnico Mecánico Automotriz en Diésel, relata el contexto que lo llevó a trabajar en los dominios del gigante automotriz: «Trabajé en Uber durante seis meses, pero me salí porque dejó de haber ganancias y comenzaron muchos problemas por los taxistas. Vi que solicitaban choferes de patio, fui, me pareció bueno, hice el proceso y después de una semana me avisaron que quedé».
Consciente de su hazaña, sigue: «Me aventé un año sin faltas y pedí mi cambio al área de riel. Me dijeron que sí pero me pidieron otros tres meses sin faltas. Los hice, pedí mi cambio de categoría y nunca me la dieron. En eso se empezó a salir mucha gente, comenzaron a contratar gente más joven (antes la edad mínima era de 20 años) a los que les facilitaban hasta el trámite de la licencia».
A los pocos días, ante la negativa de sus superiores de promoverlo para incrementar su sueldo unos veinte pesos más por día de trabajo, decidió abandonar esa empresa, dado que otra, la francesa L’Oreal, había conseguido su teléfono entre las bases de datos quelas reclutadoras trafican para sostener el flujo de mano de obra y lo llamó:
—¿Qué me ofreces?, preguntó Édgar al reclutador.
—Ciento noventa y dos pesos diarios, vales de despensa y seis días de trabajo por dos de descanso.
Un miembro del grupo de Facebook llamado “Bolsa de Trabajo San Luis Potosí” ha creado al menos una docena de publica ciones para ofertar el puesto de ensamblador en General Motors, y mientras que en unas ofrece un “sueldo superior a 220”, en otras revela el truco y muestra qué tan superior es su oferta: 223 pesos por día.
En Facebook existen un conjunto de grupos registrados como bolsas de trabajo. Entre distintas denominaciones, esos espacios se han convertido en foros para que las personas ofrezcan, busquen y discutan sobre la oferta laboral que hay en sus respectivas zonas de residencia.
Aunque se antoja como una bondad del social media, un análisis en el catálogo de ofertas que se hacen en estos espacios, específicamente para las empresas del ramo automotriz que operan en la Zona Industrial de San Luis Potosí, arroja un rasgo generalizado: la “caza” de perfiles provenientes de sectores o situaciones vulnerables.
Con apenas la primaria terminada, quienes integran el público objetivo de estas reclutadoras fast track podrán elegir entre empleos temporales, a prueba, subcontrataciones, de poco más de dos salarios mínimos diarios o con prestaciones estrictamente de ley que se muestran como incentivos con cargo a la buena voluntad de las empresas.
Guillermo Luévano Bustamante, profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, reconoce que la estampa del desarrollo basado en la industrialización de la zona Bajío en México ha sido una marca posicionada a golpe de discursos por los gobiernos federales y locales, aunque el trasfondo albergue severas consecuencias para los sectores de mayor marginación y para la economía en su expresión más general.
Para el académico, especializado en estudios sociales del trabajo y de los trabajadores, «el ejemplo más emblemático es el de la industria automovilística: estas empresas abren teniendo ya un sindicato sin haber hecho un proceso de contratación. Por ejemplo, la BMW, antes la General Motors, y lo intentaron hacer también con la Ford.
La empresa llega y con negociadores, ya sea del propio gobierno del estado, como intermediadores, o de la Secretaría del Trabajo federal o local, se acercan a las centrales obreras, principalmente a la CTM, y negocian un sindicato con ellos, cuando lo lógico sería al revés: los trabajadores son contratados para una empresa, se organizan, eligen a sus dirigentes, forman un sindicato, lo registran y entonces pactan las condiciones laborales».
Luévano recuerda que con la reforma laboral aprobada en el ocaso del sexenio calderonista, la Ley Federal del Trabajo «se reconoció el contrato por capacitación inicial, los contratos a prueba y el modelo de subcontratación que nosotros llamamos outsourcing. Lo cierto es que se ha abusado de la figura y ahora se ha generalizado; hay empresas enteras que no tienen a nadie contratado de base y sí por outsourcing.
¿Por qué lo hacen? Porque hay mucha laxitud en las secretarías del Trabajo, tanto federales como locales, para hacer inspección».
Entre las páginas 10 y 58 del Segundo Informe de Gobierno de Juan Manuel Carreras se desglosa el eje central de su administración; el que inspiró, incluso, el eslogan de su administración: San Luis Próspero. Ahí, en el primer apartado, el mandatario presumió que durante su gestión se han generado más empleos que nunca.
Según datos del INEGI, en el último trimestre evaluado, la tasa de desocupación entre la población económicamente activa de San Luis Potosí es del 2.4%, y se distingue relativamente entre los números que podrían presumir otros estados del Bajío con los que la entidad potosina comparte el peso del desarrollo industrial en esa parte del país.
La estadística oficial también ofrece datos estremecedores sobre la calidad de esos empleos y las repercusiones de lo que Guillermo Luévano califica con un modelo inmediatista de gobernar: San Luis Potosí es el estado del Bajío con los peores índices de informalidad laboral y pobreza ajustada a los ingresos.
Es decir, que sí hay más empleos, pero no son mejores y la única garantía que parecen ofertar es la de permanecer en un ciclo de pobreza que amenaza el futuro de generaciones enteras.
Édgar está convencido de que nunca regresará a trabajar en la Zona Industrial y no concibe cómo su mamá, quien desde hace quince años es operaria en el gigante confitero Ricolino, permanece ahí y además ha intentado que él, el único de sus hijos que abandonó la escuela, siga sus pasos: « yo no soy un árbol como para estar siempre en el mismo lado », metaforiza.
Según una fuente del departamento de Recursos Humanos en una empresa prestadora de servicios para General Motors, entre otros factores, esa postura de la población que habita en el escalafón más bajo de la Zona Industrial comienza a gestar una crisis que resuena cada vez con más fuerza en el sector: no hay mano de obra y la que hay deambula de empresa en empresa.
En esto días, revela esta fuente, las empresas han recurrido a medidas que van desde contratar personal con la única condición de que sepan leer y escribir, hasta costear el traslado de obreros provenientes de comunidades, municipios y hasta estados lo suficientemente alejados como para que pasen la mitad de sus horas de sueño en el transporte todos los días.
Ahora Édgar trabaja en una tienda de refacciones y accesorios para vehículos que está establecida, al menos, en la mancha urbana; labora ocho horas al día, tiene las prestaciones de ley y gana 1,700 pesos por semana, poco más de lo que cobraba trabajando como operario en la Zona Industrial.
No pasa un día sin que se arrepienta de haber botado la escuela, influenciado por la pandilla de su barrio, en el Aguaje 2000. Por eso estudia tres horas al día, trabaja y vuelve a casa para pasar tiempo con su esposa y Génesis, su bebita. Además, cambió de “juntas” y un día quiere sentir en carne propia lo mismo que su mejor amigo: terminar la universidad y algún día ganar 20 mil pesos mensuales.