A pesar de que en pocos años, la actualización de información de sujetos obligados en la entidad es cada vez más constante, la cultura de la transparencia todavía no permea en su totalidad, pues continúan incumplimientos y sanciones hacia los organismos públicos.
Respecto a las revisiones de este año, existen 9 sujetos obligados que a pesar de ser notificados de la falta de información disponible a la que están mandada por ley de ser expuesta para el conocimiento público, no llegaron al 100 por ciento de los requisitos.
Entre estos organismos, están el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, con un 0 por ciento en cumplimientos, así como diversos sindicatos y organizaciones civiles.
Al respecto, el comisionado presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), Marcos Javier Tachiquín Ruvalcaba, declaró que las sanciones serán definidas dependiendo de las capacidades económicas de cada organismo.
Dijo desconocer las razones por la que no cumplieron, aludiendo a la omisión de sus responsabilidades por ser organismos públicos.
“Se estuvo avisando en su tiempo los plazos de las revisiones, desde el 2014 se han estado trabajando las obligaciones de transparencia”.
Estas declaraciones las realizó previo al inicio del panel “Los derechos humanos como eje fundamental del gobierno abierto: un efecto del ejercicio de transparencia”, como parte de la Semana Nacional de Transparencia, cuya sede en la entidad es la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Durante su intervención, el comisionado presidente hizo hincapié en la necesidad de generar un binomio entre el gobierno con la ciudadanía a través de la participación ciudadana en temas de transparencia.
“El ciudadano debe saber que existe la transparencia, que hay obligaciones que le permiten a él consultar información, lo que abona para hacerse un crítico de los gobiernos”, expresó.
Para ello, consideró fundamental dos acciones; abonar por un gobierno más abierto y accesible, y socializar las leyes en materia de transparencia y acceso a la información.
“El gobierno abierto debe ser una forma más proactiva de las entidades públicas proporcionando información nueva en la medida de sus posibilidades, respetando el tema de datos personales más allá de lo que les obliga la ley”.