Con motivo del cuarto aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, este miércoles 26 de septiembre sus madres y padres se reunirán por primera vez —después de su triunfo— con el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador. Llama la atención que será una reunión privada; no obstante, los padres de los normalistas llevarán a ese encuentro la creciente demanda social para que se emita un Decreto Presidencial que ordene a toda la Administración Pública Federal, cooperar en la solución de este caso, que se ha convertido en una vergüenza nacional y en ejemplo paradigmático de la impunidad que azota a nuestro país. Exigirán pasar de las declaraciones genéricas a los compromisos concretos en la búsqueda de la verdad y la justicia. Reclamarán efectiva voluntad política por parte del Estado, que hasta ahora solamente ha sido discursiva y ficticia, así como el inicio de acciones formales con relevancia, trascendencia y consecuencias jurídicas.
Los responsables, tanto funcionarios gubernamentales como criminales, deben pagar por este hecho ominoso que deterioró nuestra convivencia democrática y afectó gravemente la legitimidad de las instituciones. Los familiares de los estudiantes desaparecidos no desean, como sugiere el nuevo gobierno, Comisiones de la Verdad, ya superadas en los hechos, sino la creación de auténticas Comisiones Especiales de Investigación dotadas de facultades, atribuciones y recursos para lograr la justicia, estableciendo responsabilidades y determinando el paradero de los jóvenes. Han pasado cuatro años desde que los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron víctimas del delito de desaparición forzada y aún se ignora lo ocurrido a cabalidad. Por ello no basta con perdonar.
Sobre lo ocurrido existen distintas hipótesis, pero lo único concreto es la ineficacia de la Procuraduría General de la República. La impunidad prevalece como un grave problema de México y representa un crimen sin castigo, es una excepción de condena y una forma de escapar de la justicia. Cuando la impunidad reina soberana, representa la negación a las víctimas de la reparación del daño e indica ausencia de un Estado de derecho. Los decenios de lucha en nuestro país por construir un sistema democrático con capacidad para responder a las aspiraciones de la población, aún no se concretan. Debemos recordar que los procesos de democratización no son etapas de un desarrollo político ascendente, sino que la evidencia muestra sistemas que habiendo alcanzado algún grado de desarrollo pueden entrar en crisis política, justamente por su ineficacia institucional.
La eficacia representa la capacidad para encontrar soluciones satisfactorias a los problemas que enfrentan los sistemas políticos y que cobran relevancia en determinados momentos históricos. Ella es juzgada por la suma de las decisiones adoptadas en un período prolongado. La efectividad, por su parte, representa la capacidad para poner en práctica las medidas establecidas y se juzga por sus resultados. La crítica principal del caso Ayotzinapa apunta a la actuación de las autoridades. Iniciando con el desordenado proceso de investigaciones llevado a cabo por los cuatro últimos titulares de la PGR, que a 48 meses de distancia, mostraron gran incompetencia dilapidando los enormes recursos a su disposición. Con una estructura burocrática hipertrofiada, esa institución sigue envuelta en sus propias contradicciones, violentando el elemental derecho humano a la información verídica que exigimos todos los ciudadanos.
[email protected]
@isidrohcisneros
agitadoresdeideas.com
