POR: KARA CASTILLO
Puebla. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló a funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la PGR, la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Tribunal Superior de Puebla de acreditar “violaciones graves” en los hechos ocurridos en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla, el año pasado.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 12vg/2018 luego de realizar una investigación en la que contó con elementos para acreditar las violaciones graves a derechos humanos a la libertad personal y a la presunción de inocencia; a la verdad; a la vida; a la integridad personal; a la legalidad y seguridad jurídica; al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia.

El día 3 de mayo de 2017 en Palmarito civiles murieron durante un operativo llevado a cabo por elementos del Ejército que habían militarizado las tareas de seguridad pública con “desmedido uso de la fuerza letal”

El caso fue conocido tras las escenas del video difundido donde se aprecia el alevoso homicidio de un elemento del Ejército, la imagen en un segundo cuadro se puede apreciar a un soldado disparando en la cabeza de un ciudadano de rodillas sometido.

Hoy se hizo pública la Recomendación de la CNDH en las que señala que las violaciones se relacionan con la ejecución arbitraria de dos personas, el trato cruel contra 12 personas más, incluidos tres menores de edad, la detención arbitraria de 2 infantes; la manipulación de un cadáver y la colocación de las armas largas que se relacionaron con 2 personas fallecidas.

La CNDH acreditó: “los enfrentamientos armados ocurridos en la comunidad de Palmarito Tochapan, Municipio de Quecholac, Puebla, entre personas civiles dedicadas a la sustracción ilegal de hidrocarburos contra efectivos militares y servidores públicos federales y estatales, derivaron en la perdida de la vida 10 personas -6 civiles y 4 militares-; 26 resultaron lesionadas -14 civiles y 12 militares- 13 más fueron detenidas -9 adultos y 4 menores de edad-, por lo cual este Organismo Nacional solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) copias de las correspondientes carpetas de investigación, a lo que dicha autoridad se negó, lo que se traduce en falta de colaboración de dicha instancia con este Organismo Constitucional Autónomo en la investigación de violaciones graves a derechos humanos, así como en obstrucción al derecho de acceso a la justicia en agravio de las víctimas, sus familiares y la sociedad”

El documento señala que la CNDH reconoce con preocupación la impunidad imperante en la sustracción ilegal de hidrocarburos, ya que las personas detenidas por ese hecho no son puestas a disposición de la autoridad competente y cuando se inician las indagatorias respectivas no se judicializan, lo que provoca que no sean sujetas a proceso. Ello, con independencia de la marginación y rezago que privan en comunidades de la “Franja del Huachicol” y falta de políticas públicas para el desarrollo de sus habitantes, disminuir niveles delictivos, desempleo, pobreza y desigualdad.

La CNDH está convencida que el Ejército Mexicano, ha coadyuvado de manera importante con las autoridades competentes en las funciones de prevención e investigación de los delitos para que, en su caso, se impongan las sanciones a quienes infrinjan las leyes, no obstante, ningún delito debe ser combatido con otro ilícito. La obligación de salvaguardar el orden, la paz pública y los derechos humanos se traduce en determinadas formas de actuar por parte de las autoridades, así como en el fortalecimiento de las políticas públicas y de medidas eficaces para la prevención del delito”, sostiene.

La primera Recomendación está dirigida al titular de la SEDENA y al Gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad para que se repare integralmente el daño a todas las víctimas, que incluya indemnización, asistencia médica y psicológica; colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el personal involucrado, así como en las quejas por manipulación del cuerpo de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadáveres, y que el titular de la SEDENA colabore en la investigación por falta de veracidad en la información proporcionada a la CNDH.

A la PGR se le requiere continuar la integración de las carpetas de investigación por homicidios y lesiones; dejar sin efectos el acuerdo de reserva temporal de la carpeta de investigación contra personal militar y colaborar en la queja que se formule ante la Visitaduría General de esa Procuraduría por irregularidades en la integración de la carpeta de investigación por conductas delictivas contra dos personas, así como dar seguimiento al procedimiento administrativo contra personal responsable de falta de colaboración en la investigación de los hechos.

A Petróleos Mexicanos la CNDH le solicita colaborar en la integración de carpetas de investigación radicadas en la FGE y le pide que las instalaciones de esa empresa no se utilicen para resguardar a personas detenidas y colaborar en la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control contra los servidores públicos que autorizaron o consintieron que las personas detenidas permanecieran en la planta de rebombeo de Palmarito Tochapan.

Para Antonio Gali Fayad, gobernador de Puebla la CNDH le extiende la Recomendación de implementar políticas públicas para solucionar y combatir la criminalidad en la “Franja del Huachicol”, y en coordinación con los Ayuntamientos ubicados en esa zona escuchar a la población y atender sus problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad, prevención del delito, violaciones a derechos humanos, acceso a la justicia, educación, alimentación, salud, agua, vivienda e interés superior de la niñez, además de coadyuvar en la selección y evaluación de sus cuerpos policiales, profesionalizarlos y garantizar la seguridad pública, además de dar seguimiento al proceso administrativo que inicie el Consejo de Honor y Justicia de la SSP por omisiones en dictámenes respecto de lesiones sufridas por 8 personas.

Gobierno del Estado atenderá recomendación de la CNDH en caso Palmarito

POR: AURELIA NAVARRO
 

Puebla. El Gobierno del Estado atenderá la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el exceso de violencia de elementos de la Policía Estatal y Ejército hacia pobladores de la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, perteneciente al municipio de Quecholac el 3 de mayo del 2017.

El gobernador del estado, Antonio Gali Fayad, confirmó que la recomendación se recibió este 19 de septiembre, por lo que fue turnada de inmediato a la Consejería Jurídica para su análisis.

Y en rueda de prensa, el secretario General de Gobierno, Diódoro reiteró que el caso está siendo analizado por el departamento jurídico del gobierno, en tanto, se tienen 15 días, es decir, hasta el 8 de octubre, para poder emitir una respuesta física a la recomendación 12VG/2018 emitida por la CNDH.

De acuerdo a los hechos ocurridos el año pasado, durante el enfrentamiento entre supuestos huachicoleros y castrenses derivó en la muerte de 10 personas, seis civiles y cuatro militares, además de 26 lesionados de los cuales 14 fueron identificados como civiles y 12 militares, y la detención de 13 personas, entre ellas cuatro menores de edad.

Entre las recomendaciones figuran: Se brinde una reparación integral del daño; se inscriba a los afectados al registro nacional de víctimas y se les de atención médica y psicológica; se colabore con las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos ante la PGR, FGE y Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública; se colabore con la CNDH en el seguimiento de la queja; se impartan cursos a los policías investigadores y personal de servicios periciales de la FGE.

A estas sed incluye una solicitud de recomendaciones especiales, como la implementación de política públicas para combatir la delincuencia en la franja denominada del huachicol, entre otras.

No obstante Carrasco precisó que se va verificar con exactitud que falta por hacer toda vez que desde que se originó el caso el año pasado el gobierno ha trabajado en materia de prevención del delito y seguridad.