No se requiere ser experto en administración o en áreas contables como para reconocer empíricamente que la racionalización del gasto público es quizá la primera tarea que le corresponde organizar a quienes ejercen el poder público, cuyas decisiones inciden directamente en este importante punto.

El problema surge con la idea que se tenga sobre lo que verdaderamente resulta necesario para procurar la eficiencia en el gasto público. En mucho esas decisiones inevitablemente habrán de condicionarse en función de la orientación política con la que el agente responsable comulgue.

Según la concepción que se tenga, la orientación del gasto público será dirigida a objetivos diversos. No será igual la política de inversión de un Estado empresario que en uno subsidiario de las necesidades de quienes carecen de trabajo e ingresos; tampoco si las decisiones marcan la necesidad de un control de precios, o al contrario. Por lo tanto, el sustento doctrinario e ideológico de quienes ejercen el poder será lo que marque el rumbo de las prioridades.

Como quiera que finalmente sea el contenido ideológico de la administración, en lo que todo mundo podrá estar de acuerdo es en el hecho de que los excesos en gastos no prioritarios o francamente superfluos son totalmente contrarios a los más elementales principios de bienestar social y progreso.

Pero ¿cómo verdaderamente identificar esos sesgos en el ejercicio de un inmenso y a la vez insuficiente presupuesto como el que requiere nuestro país? No es tarea sencilla distribuir la cobija para cubrir todas las necesidades imperantes e impostergables.

Con independencia del proyecto de país que el régimen político en turno pretenda ejecutar, no basta con realizar algunos recortes del gasto público para encontrar disponibilidad financiera para llevarlo a cabo. Los ajustes en el gasto público deben ser de gran calado para que verdaderamente signifiquen un cambio de rumbo en la dirección del país y no queden reducidos a simples cambios cosméticos de irrelevancia para la población.

Uno de los pilares esenciales en la definición de los ahorros tiene que ver con el indispensable recorte al gasto corriente del gobierno. Es este un buen punto para comenzar a establecer las prioridades, a través de predicar con el ejemplo. Este principio ha sido bien comprendido por la próxima administración federal y lo recoge en su iniciativa de Ley de Austeridad Republicana, que arroja algunos puntos dignos de comentar.

El artículo segundo de la nueva ley que se pretende aprobar establece que las remuneraciones de los servidores públicos deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en los artículos 75 y 127 de la Constitución, sin embargo, no es necesario que una ley secundaria establezca la obligación de observar las disposiciones de la Constitución. En este apartado, parece que la llamada sale sobrando.

El artículo tercero norma que todos lo servidores públicos de la federación estarán sujetos a los sistemas públicos de seguridad “correspondientes”, sin hacer distingo entre servidores de base o de confianza. El aspecto a destacar es que se prohíbe la contratación de seguros de gastos médicos, de vida o de separación individualizada para los servidores públicos, con excepción de los que correspondan “a una función de alto riesgo”.

En su último párrafo, se cristaliza una de las banderas de campaña de López Obrador: se prohíben las pensiones de retiro a “titulares del Ejecutivo federal”. Con independencia de la falta de técnica jurídica en la redacción (titular del Ejecutivo solo hay uno), habrá que ver las reacciones legales de los expresidentes para combatir el retiro de lo que bien podrían considerar un derecho ya obtenido con anterioridad. Cuando menos es de asumirse que Fox tendrá algo que decir al respecto.

También se reservan los servicios de escoltas para funcionarios con altas responsabilidades en materia de seguridad. En materia de comunicación social, la propuesta parece un tanto irrelevante, puesto que en realidad no ordena la cancelación o reducción sensible en este gasto, solo se faculta a la Secretaría de Hacienda para determinar los montos máximos para contratar propaganda oficial. Esos montos serán los que hagan falta para promover la imagen del gobierno, tal como ahora mismo sucede.

En total, la redacción de los trece artículos que componen esta lista de buenas intenciones no parece que en realidad vaya a trastocar dramáticamente la orientación del gasto público. Se trata de medidas más justicieras que de verdadero contenido financiero.

A este paso la austeridad soñada se reducirá a ver a servidores públicos presumir el uso de un tupper.