México es uno de los países que presenta más casos de violaciones a los derechos humanos y desaparición forzada, aunado a una crisis de inseguridad que sitúa a 2018 como uno de los años más violentos de la historia reciente.
En Querétaro, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el cual integra el número de casos denunciados de personas extraviadas o desaparecidas en México, muestra que, hasta abril de este año, existía un caso abierto de un hombre en el fuero federal, mientras que en el fuero común se han registrado 284 casos (195 corresponden a hombres y 89 a mujeres), lo cual da una cifra total de 285 casos.
Querétaro aprobó en marzo de este año la creación de una fiscalía para desapariciones, reformando así la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Querétaro, incluyendo los estatutos marcados en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
La Procuraduría General de la República, así como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuentan con bases de datos sobre delitos de desaparición forzada, las cuales son de dominio público y contienen los datos generales de la persona, el lugar y la fecha de la última vez que se le vio. Sin embargo, estas bases solo abarcan hasta abril de 2018.
El Informe 2017/18 Amnistía Internacional: La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo, presentado por Amnistía Internacional, evidencia que, en el periodo correspondiente al informe, “Más de 34.000 personas seguían sometidas a desaparición forzada, y abundaban las ejecuciones extrajudiciales”, además, la misma organización señala que las desapariciones registradas por el Estado excluían los delitos de secuestro o tráfico de personas.
A pesar de la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la cual crea el Banco Nacional de Datos Forenses y diversas comisiones para la atención de víctimas, Amnistía Internacional señala la necesidad de realizar un compromiso político serio para su implementación y la reparación del daño, además de que la Ley de Seguridad Interior promulgada este sexenio, mantiene a las Fuerzas Armadas en activo en el territorio nacional, las cuales han sido señaladas de múltiples violaciones a los derechos humanos.
