A pesar de que la incidencia delictiva creció más de 34 por ciento en el último año, al Ministerio Público llegaron 80 por ciento menos detenidos. Y solo en el último mes y medio de 2017, seis de cada 10 personas puestas a disposición del Ministerio Público fueron liberadas por probables irregularidades en su detención o porque se les acusó de delitos no graves.

Estadísticas entregadas por la Fiscalía General en respuesta a una solicitud de información presentada por Newsweek Aguascalientes indican que entre el 1 de noviembre y el 13 de diciembre las policías y el Ejército pusieron a disposición 286 detenidos, pero el Ministerio Público liberó a 173, invocando el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ese artículo establece que el indiciado podrá permanecer en libertad mientras dura la investigación cuando se le acuse de delitos no graves. Sin embargo, la investigadora del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), María Novoa, advierte que la estadística refleja falta de capacidad de las corporaciones policíacas para hacer conforme a la ley e implica un riesgo de que la Fiscalía ‘congele’ las carpetas de investigación de los delitos

“Está muy enfocado a estos dos operadores: policías y ministerios públicos y ahí donde estamos viendo es donde hay una percepción importante de impunidad porque al final no se procesan, no se da frente a delitos cometidos y entonces es la poca respuesta que tienen las instituciones”, señaló la Directora del Área de Justicia de CIDAC.

“Nosotros consideramos que la puerta giratoria está en estos niveles. Por ahí están entrando y saliendo, sin ningún proceso ni siquiera con el control jurisdiccional”, agregó.

En su estudio ‘Lineamientos para un modelo homologado de investigación criminal’, CIDAC encontró que el 30 por ciento de las carpetas de investigación que la Fiscalía de Aguascalientes inició en 2016 sin detenido no había llegado ante un juez y que, en general, las fiscalías de los estados estaban liberando a los detenidos que se les ponían a disposición.

“No es que esté mal el artículo 140, es una herramienta que puede tener el MP en su proceso. El problema es que se está utilizando demasiado y no se sabe exactamente si es por el tema de que, como la detención y el proceso viene con fallas (…), si no ven que estas detenciones pueden acabar en una prisión preventiva, entonces prefieren tener en libertad a la persona y continuar el proceso de investigación. Pero ese tema, que no vienen en condiciones o que en las detenciones hubo problemas en términos de derechos humanos o que no se cumplió el debido proceso, pues igualmente prefieren soltar a la persona y deberían de hacer investigación, pero eso es lo que está pasando, que las investigaciones efectivamente no continúan”, evalúa Novoa.

Además, la investigadora destaca que mientras incidencia pasó de

Para Eloy Morales Brand, jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), de hecho el Ministerio Público busca mantener retenidas a las personas que le son entregadas por las corporaciones.

“Sí, puede que el MP vea que no se cumplieron con los requisitos de la detención y por eso lo deja en libertad. También es una realidad porque, incluso aquí en Aguascalientes por eso se puso una agencia del Ministerio Público en el C4, porque sabían que llegaban mal las puestas a disposición, mal los informes de detención, mal el informe policial homologado (…) y por esos detallitos es por lo que se decretaba ilegal la retención y salía la gente en libertad”, apuntó.

Incluso, Morales Brand ve la estadística de detenidos puestos en libertad como un reflejo natural de la aplicación del Sistema Acusatorio.

“El 140 prácticamente nos está diciendo que la detención sí fue legal, que sí es válido que lo tenga retenido, pero si no voy a pedir su prisión ante el juez, puedes optar por liberarlo. Sí hay una estadística fuerte de que muchas personas quedan en libertad porque hay una mala detención policial, o sea, (…) algunos todavía no tienen las herramientas -la capacitación posiblemente sí, pero no las herramientas suficientes- para cumplir adecuadamente con la función y en algunos de esos supuestos se deja en libertad. Pero la verdad son los menos”, opinó el especialista.

En eso coincidió el Fiscal General, René Urrutia de la Vega.

“Es apenas el tema de operar adecuadamente el Sistema Procesal Penal Acusatorio, en donde se tiene que privilegiar la libertad y no la imposición de lo que ha venido o vino a ser una pena anticipada. Se abusó de la prisión preventiva y más bien se articuló como una pena anticipada (en el Sistema Penal Inquisitorio)”, comentó.

Detenidos presentados por las corporaciones en Aguascalientes