La secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que inhabilitó por 10 años al primer funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) involucrado en el caso Odebrecht, a quien también le impuso una multa por 119 millones de pesos.
Aunque la dependencia no dio a conocer la identidad del funcionario, la prensa nacional reveló este sábado que se trata de Antonio Sierra Martínez, quien fue presidente municipal de Taxco en 2012 y luego residente de obra en la Refinería de Tula.
La falta en la que incurrió el funcionario fue autorizar pagos
en exceso en el contrato Tula I, un trabajo dentro de la Refinería
Miguel Hidalgo, para el aprovechamiento de residuales, con un monto de
119 millones de pesos, que fue la multa que se le estableció.
El salario de un subdirector en la empresa productiva del Estado de acuerdo a la plataforma nacional de transparencia ronda en los 112,000 pesos mensuales, por lo que, si destinara íntegramente su salario al pago de la sanción, tardaría en cubrirla casi 89 años, publicó el diario Reforma.
La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, en un mensaje a medios emitido este viernes, dijo que “México es el único país en América Latina que, hasta el momento, ha inhabilitado a la empresa brasileña para concursar en futuras contrataciones públicas”.
La Secretaría dio a conocer el pasado lunes que inhabilitó por cuatro años a la filial de la firma brasileña para que no pueda participar en la obtención de contratos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
De este modo, dijo Gómez “se reconoce que el fenómeno de la corrupción, es una dinámica que ocurre en condiciones de coparticipación”.
Según la funcionaria además del impacto financiero que este hecho podría implicar a la empresa, es también la primera resolución emitida dentro de una investigación que dio lugar al inicio de ocho procedimientos sancionatorios de carácter administrativo.
En tres de los casos el Poder Judicial de la Federación concedió una suspensión definitiva para que la SFP no emita las resoluciones correspondientes, dicha medida fue impugnada por la propia Secretaría.