Miembros del Ejército mexicano detuvieron de manera arbitraria a cuatro personas, desaparecieron a tres, las torturaron, agredieron sexualmente y ejecutaron a dos de ellas en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo con la construcción del caso que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que derivó en una recomendación contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La difusión de este caso que data de 2016 se da justo cuando se discute en el Congreso mexicano la polémica Ley de Seguridad Interior que a decir de organizaciones sociales daría facultades policiales al Ejército Mexicano.
La CNDH difundió la recomendación 54/2017, emitida el 9 de noviembre y dirigida al titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, en la que acredita que miembros del Tercer Batallón de la Brigada de Fusileros Paracaidistas vulneraron derechos humanos.
De acuerdo con testimonios recabados por la CNDH, personal militar ingresó a un domicilio en Jalisco el 27 de enero del 2016 sin orden de cateo, retuvo a cuatro personas e impidió el acceso al propietario de la casa, quien es el padre de una de las víctimas. Los soldados se llevaron a tres de los detenidos y aseguraron un vehículo.
Los hombres “fueron golpeados, trasladados a varios lugares y, finalmente, conducidos a un sitio deshabitado, donde fueron víctimas de malos tratos”, se lee en la recomendación que cita el testimonio de un sobreviviente al que el personal militar habría intentado asesinar en diversas ocasiones, con una técnica conocida como ‘llave china’.
La CNDH constató que elementos del Ejército privaron arbitrariamente de la vida a otras dos personas.
Durante la búsqueda del padre de una de las víctimas, personal de la Fiscalía General estatal informó que en un rancho ubicado sobre la carretera Tepatitlán-Tototlán encontraron dos cuerpos, pertenecientes a los detenidos mientras que el tercero había sido trasladado al Hospital Regional de ese municipio para su atención médica, por las lesiones que presentaba.
La investigación de la CNDH constató que los efectivos militares ingresaron de manera ilegal al domicilio, pues no se contaba con una orden de aprehensión y no se acreditó la flagrancia del supuesto delito que se les señalaba ni la urgencia como causa legítima para llevar a cabo el aseguramiento. Además, en el lugar, los detenidos “fueron víctimas de tortura y violencia sexual”.
El organismo criticó las acciones de los militares y solicitó que el secretario de la Defensa Nacional repare integralmente el daño ocasionado a las víctimas y a sus familiares, las inscriba en el Registro Nacional de Víctimas y colabore en las denuncias que la CNDH presente ante la Procuraduría General de la República (PGR) y el Órgano Interno de Control de la Sedena.
La Comisión difunde esta recomendación un día después de que se pronunciara en contra de la Ley de Seguridad Interior que se discute en el Senado mexicano y pidió “evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar medidas necesarias para fortalecer la policía y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente”.
La semana pasada, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el polémico dictamen que pretende regular las tareas de seguridad que llevan a cabo las Fuerzas Armadas.
En el documento avalado se precisa que las Fuerzas Armadas intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las fuerzas federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate. Además implementarán sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones.
Establece también que las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, pueden identificar, prevenir, atender, reducir y contener las amenazas a la seguridad interior.