Las mujeres de Atenco que han denunciado durante 11 años haber sido detenidas arbitrariamente y sometidas a tortura sexual por elementos de la policía del Estado de México en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco presentan su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, cinco de las 11 mujeres rinden su testimonio de manera oral acerca del operativo los días 3 y 4 de mayo de 2006, en una sesión que se realiza en la sede de la Corte en San José, Costa Rica.
“La tortura sexual destruye vidas y destruye familias y comunidades enteras y a las sobrevivientes nos ha costado reconstruirnos solas”, dijo Norma Aidé una de las 11 mujeres denunciantes, al rendir el primer testimonio ante la Corte.
Reiteró la petición de justicia para que “estos hechos no vuelvan a ser repetidos” y urgió que se investigue a toda la cadena de mando responsable de los ataques.
En este sentido, relató que tras su detención en mayo los policías “comienzan a manosearme, a meter sus manos dentro de mi blusa, a jalonear mi suéter y me lo ponen en la cabeza” y que “con sus dedos me penetra en el ano y en la vagina, después la camioneta se detiene, me obligan a bajar, me pasan con otros policías que visten totalmente distinto, todos de negro”, añadió.
En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió a la Corte IDH el caso de un grupo de mujeres abusadas sexualmente por policías tras ser detenidas en una manifestación en 2006.
Este caso, denominado “Mariana Selvas Gómez y otras”, se enfoca en las agresiones en el Estado de México que entonces era gobernado por el actual presidente Enrique Peña Nieto.
El gobierno sostiene que desde marzo de 2013 “el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en este caso” y ha hecho esfuerzos para avanzar en la investigación, sancionar a los responsables y adoptar medidas de reparación y para evitar la repetición de hechos similares.
El caso, que involucra detenciones arbitrarias, torturas, uso desproporcionado de la fuerza y violaciones sexuales,fue aceptado en noviembre de 2011 por la CIDH.
En agosto de 2010, el Estado mexicano fue condenado por la Corte a causa de agresiones sexuales y torturas cometidas por soldados mexicanos en contra de dos mujeres indígenas en el estado de Guerrero.