Desde México se ha contemplado la posibilidad de exportar agua desalinizada a California, reconoce el embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez.
El máximo representante del país en la Unión Americana es hasta hoy, el funcionario de mayor nivel en el gobierno mexicano que confirma la existencia del proyecto.
Mientras que el Distrito de Agua de Otay reconoce estar en conversaciones para comprar agua, en el sur de la frontera la empresa encargada del proyecto, y el gobierno del estado de Baja California, principales promotores de la iniciativa, han negado dicho acuerdo.
Pero concretar este plan está aún muy lejano, señala el embajador.
El proyecto se llama “Planta desalinizadora de Rosarito”, y se encuentra en la ciudad de Playas de Rosarito, a 40 kilómetros de la frontera con los Estados Unidos.
Esta desalinizadora planea iniciar construcción este año y ser la planta más grande de América Latina, al producir 4.4 metros cúbicos por segundo al alcanzar su máxima capacidad.
El gobierno de Baja California ha negado la iniciativa para comerciar agua con otro país, pero una serie de investigaciones de Newsweek en Español revelaron que la empresa NSC Agua, socia de la firma Aguas de Rosarito, negoció con clientes de los Estados Unidos.
El propio gobierno del estado también negoció con el Distrito de Agua de Otay el precio del agua, de acuerdo a documentos públicos de esta empresa proveedora de agua en California.
En entrevista exclusiva con Newsweek en Español Baja California, el embajador habla del sensible tema de agua que comparten México y Estados Unidos.
El diálogo versa entre la iniciativa para exportar agua desde Rosarito, hasta los añejos problemas de contaminación por aguas negras que viajan de México al país del norte.
Gerónimo Gutiérrez dice que México tiene voluntad para atender la problemática de las aguas negras que llegan desde Baja California hasta las costas de San Diego, pero admite que la solución no vendrá de un día para otro.
Si bien se trata de un inconveniente de antaño, la paciencia parece haberse agotado en autoridades al sur del condado ante una problemática que quedó en evidencia en febrero pasado.
En aquella fecha se reportó un derrame durante cuatro días de por lo menos 28 millones de galones de aguas residuales, según una estimación de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC/CILA).
Dicha contingencia derivó del colapso de un colector del sistema de drenaje en Tijuana y a raíz de ello, se adquirió equipamiento y obras de infraestructura para evitar que la situación se repita.
Sin embargo, se requiere de una renovación al sistema de alcantarillado y la modernización de la planta tratadora en Punta Bandera, entre otros proyectos de infraestructura.
Autoridades mexicanas dicen estar consciente de ello y resolverlo costaría cuando menos 25 millones de dólares, además de otros 28 millones la red de alcantarillado.
El embajador de México en Estados Unidos conoce bien el tema, lo que podría jugar a favor de la región fronteriza.
Durante su gestión como director general del Banco de Desarrollo de América del Norte (2000-2017) se evaluaron estos proyectos en miras de un potencial financiamiento.
En la que fue su primera visita como embajador a San Diego, California, Gerónimo Gutiérrez habla sobre los retos de financiar obras que permitan erradicar esta problemática, así como el proyecto de la planta desaladora de Rosarito, la cual se dice, podría exportar agua de México hacia Estados Unidos y finalmente, los avances en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
—Hay un descontento generalizado de este lado de la frontera por el tema de los derrames de aguas negras que llegan desde México, ¿hay algún plan de acción?
—El primer punto es importante reconocer que existe un problema, creo que las autoridades tanto estatales, federales y locales de México están perfectamente conscientes de ello y están actuando para resolverlo.
Yo lo dividiría en dos, a raíz del problema que se suscitó en febrero de este año, ha habido una serie de obras que se han realizado en materia de infraestructura para poder evitar un derramamiento como el que hubo en ese entonces, pero esa es una solución realmente de corto plazo, de emergencia, de coyuntura.
Se requiere una renovación y trabajar de manera más amplia en infraestructura, existe un proyecto para tal propósito, es un proyecto a largo plazo, se requiere invertir más en infraestructura, se podría y la idea es poder conjuntar a distintos actores de ambos países y tanto federales como locales para que cada uno pueda aportar parte de la solución pero en el caso muy puntual del lado mexicano se van a requerir obras de mediano y largo plazo importantes de infraestructura y yo estaré el día de hoy reunido con el comisionado [Roberto] Salmón (CILA) precisamente para conocer cómo van los avances y los puntos de vista de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.
—¿La clave aquí sería el financiamiento?
—Yo creo que una parte importante es el financiamiento, sin duda. No quiero decir que sea sólo un problema de financiamiento, pero sí una parte importante es poder tener el financiamiento para las obras y hacer una estructura financiera que permitiera sufragar los costos tan importantes de esta infraestructura.
—Cuando estaba en la posición en el Banco de Desarrollo hubo una solicitud por parte de las ciudades de aquí del Condado pidiendo que se atendiera Punta Bandera…
—Cuando estuve en el Banco, efectivamente, estuve trabajando en esto y continúa de hecho el banco y la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza involucrada para tratar precisamente de coadyuvar en la estructuración de un financiamiento.
Yo he visto, digamos ya no directamente involucrado, pero sí tienen al menos un primer proyecto de plan maestro y de los requerimientos de infraestructura y creo que el reto, aunque vengo a poderme formar un mejor juicio con la conversación con la CILA, es precisamente a determinar qué se necesitaría y más o menos los plazos.
—¿Estados Unidos aportaría de alguna forma?
—Estados Unidos incluso creo que hay legislación en el caso de California para poder aportar una parte. La realidad es que toca de este lado, toda ayuda me parece del lado de México será bienvenida pero quizás y es parte del trabajo ver si a través de la Comisión, el Banco (NadBank) y los fondos que el Banco de Desarrollo de América del Norte y la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, si a través de los fondos o mecanismos de financiamiento que tienen, algo se podría hacer.
—¿Cree que este tema de no solucionarse está dañando la relación bilateral?
—Claramente es un irritante. Evidentemente creo que es muy importante hacer una mejor labor de difusión aquí de que sí se está trabajando. De que el gobierno del estado está trabajando de que hay conciencia al tema, el gobierno municipal, el gobierno federal, pero pues no es una solución de un día a otro.
Yo he tenido la oportunidad incluso de conversarlo. Recientemente estuvo una delegación de San Diego en Washington en el viaje que hacen anualmente allá, pude conversar incluso con Serge Dedina (alcalde) de Imperial Beach, a quien conozco, y otras personas más, entonces sí, sí representa un problema, pero afortunadamente la región de Cali-Baja siempre ha tenido la capacidad de resolver estas cosas de una manera constructiva y no veo por qué este no sea el caso.
—¿México sí tiene la voluntad de atenderlo?
—Sí, por supuesto.
—En una reunión de (un comité) del Senado en California se habló el tema de la exportación del agua de México a Estados Unidos. ¿Hay algún plan concreto?
—Desconozco cuál es el estado actual del proyecto de la desaladora en el que efectivamente el banco (Nadbank) estuvo involucrado. Entiendo que sigue avanzando, yo por obvias razones he estado ya no directamente involucrado.
En una segunda etapa ese proyecto al menos contempla esa posibilidad, pero creo que eso es algo que está aún muy lejano porque ni siquiera estamos todavía en la primera etapa de desarrollo de ese proyecto.
—¿Por parte de México si habría esta disponibilidad?
—Creo que tendrían que ser más bien las autoridades competentes quienes lo dijeran. Sé que se ha discutido incluso en el marco de las CILAs esas posibilidades, pero creo que es algo que aún está muy lejano.
—Cambiando de tema, la cuestión del Tratado de Libre Comercio, ¿cuáles son las prioridades ahorita de las mesas de negociación?
—Las prioridades de México son, primero, mantener, si bien modernizar, pero por supuesto mantener el Tratado de Libre Comercio. Segundo, modernizar aquellas cosas del acuerdo que requieren ajustes. Como usted sabe el tratado tiene más de 25 años, ha habido muchos cambios tecnológicos a lo largo de ese tiempo, entonces tenemos y hay de común acuerdo áreas que se pueden modernizar, por ejemplo, el tema de comercio electrónico, nuevas disposiciones en materia de propiedad intelectual, en fin, actualizar lo que en efecto conviene por virtud del tiempo que ha transcurrido desde que el tratado fue aprobado. Esa es una parte de la agenda.
México lo que desea es continuar promoviendo los flujos comerciales que son benéficos para ambos países, hay una negociación muy amplia, vamos como sabe en la cuarta ronda, hay diferencias también, en las posiciones que son muy claras y son públicas, sin embargo, ambas partes están trabajando para poder encontrar terreno común e idealmente llegar a un acuerdo.
Para México repito, las prioridades son mantener y modernizar el tratado, trabajar en aquellas cosas que nos den competitividad como región América del Norte sobre todo manteniendo las cadenas productivas y en tercer lugar también poder incrementar de hecho los flujos comerciales.