El sexenio del presidente Enrique Peña Nieto ha sido letal para los defensores de derechos humanos. La Red TDT, que aglutina a 84 organizaciones de 23 estados de México, documentó en su más reciente informe “La esperanza no se agota” 106 ejecuciones extrajudiciales y asesinatos y 81 desapariciones de activistas. Estos crímenes ocurrieron del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2017.
“La violencia criminal no debe invisibilizar la violencia por parte del Estado. El incremento de las violaciones a derechos humanos como tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales son el fruto de una política de seguridad nacional enfocada en el control social, y, por consiguiente, con nula perspectiva por el respeto a los derechos humanos”, se lee en el reporte.
El informe precisa que del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016, se documentó el asesinato de 76 personas defensoras de derechos humanos. De estos crímenes, 24 fueron ejecuciones extrajudiciales y 52 fueron asesinatos cometidos por por actores no estatales. Tres estados del sur del país, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, suman el 61 por ciento de asesinatos contra personas defensoras. Estas tres entidades son también las que tienen mayor incidencia de agresiones en general.
Sin embargo, al continuar durante 2017 hemos las ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, así como a las desapariciones, tanto forzadas como por particulares, la organización documentó hasta el 31 de julio otros 30 asesinatos. Sobre esta cifra, el informe no detalla qué porcentaje corresponde a ejecuciones extrajudiciales y cuál a asesinatos cometidos por por actores no estatales.
La Red TDT registró además 862 eventos contra personas y colectivos que han sido objeto de Violaciones a los Derechos Humanos y delitos por su labor de defensa, en 30 entidades federativas.
La organización documentó además un importante número de casos en donde los perpetradores son de origen estatal e involucran a los tres niveles de gobierno. Detalló que los gobiernos estatales son los que más alta frecuencia tienen en las denuncias por violaciones de derechos humanos contra personas y colectivos, representando el 39 por ciento (273) de los eventos. El gobierno federal como perpetrador representó el 32 por ciento (220) de los eventos registrados. Por su parte los agentes del gobierno municipal fueron perpetradores en el 20 por ciento de los casos (141).
“El gran número de agresiones, violaciones a derechos humanos y delitos cometidos en contra de las personas defensoras de derechos humanos, tiene un irreparable costo personal para ellas y para toda la sociedad en general. Estas cifras resultan alarmantes durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto y contradicen los avances formales en el reconocimiento de derechos humanos”, refirió la Red.