Una polémica discusión entre la jefatura delegacional de Tlalpan y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México se ha intensificado en las últimas horas en medio de un cruce de acusaciones para derivar las causas del colapso del colegio Enrique Rébsamen, donde murieron sepultados 19 niños y 7 adultos, el cual habría utilizado documentación falsa para poder operar.
La delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, se deslindó del derrumbe de la escuela argumentando que su administración no fue informada por el Invea por el presunto uso de un documento falsificado y entregado por el colegio.
En rueda de prensa, dijo que nunca tuvo conocimiento de una investigación contra el Rébsamen y por ello no clausuró las instalaciones pese a tener las facultades para hacerlo.
Por su parte, el titular del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) Meyer Klip, informó que las delegaciones son las responsables de estudiar las solicitudes respecto a los permisos de construcción y de uso de suelo.
El 29 de septiembre de 2016, dijo Klip, se solicitó una visita de verificación al domicilio del colegio Enrique Rébsamen, de la cual se dictó resolución el 23 enero de 2017, al presentar un certificado de uso de suelo.
“La verificación del uso de suelo, si es legal o no, le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi)”, mencionó.
“El 29 de septiembre de 2015, el Invea supervisó el colegio y determinó que la escuela no podía operar, pero ellos impugnaron la resolución en el Tribunal de lo contencioso y ya no pudimos actuar más”, dijo el ingeniero Meyer en conferencia a medios.
Sheinbaum, por su parte, anunció que solicitó al Colegio de Ingenieros Civiles de México que realice una revisión de la construcción y si se demuestra que hubo irregularidades solicitará que se actué contra los responsables.
El Invea es el responsable del uso de suelo y las delegaciones son las encargadas de verificar las obras y construcciones, por lo que correspondería a la delegación Tlalpan dar los permisos de construcción y legalmente no podían clausurar el colegio porque el artículo 35 de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México les permite un plazo a este tipo de edificaciones para cumplir con los requisitos, mencionó Meyer Klip.