I. CASINOS VIOLAN TLCAN
En el interior del casino la ruleta frenó súbitamente. Sentados sobre las mullidas sillas de tela color carmín, frente a las ruidosas y destellantes máquinas tragamonedas, las alargadas mesas de póquer y las tarjetas de bingo a medio llenar, los apostadores vieron sorprendidos que un comando de la Policía Federal se desplegaba sobre la gruesa alfombra del inmueble.
No estaban en Las Vegas, sino en Naucalpan. En la sede del casino Kash. Construido sobre una extensión de 7,000 metros cuadrados, sobre la avenida Jardines de San Mateo y Periférico Norte, frente a Echegaray, el inmueble ocupa el mismo terreno que antaño fue un parque de diversiones en esta parte del Estado de México.
A punto de completar la línea ganadora, el aliento se les cortó a los apostadores del bingo cuando policías federales irrumpieron para desalojarlos. La orden era sacar a clientes y personal para luego colocar los sellos de clausura.
En una operación simultánea, que comenzó alrededor de las 14:00 horas del 24 de abril de 2014, seis casinos del Estado de México, Cuernavaca, Puebla, Ciudad de México, Villahermosa y Nuevo León fueron clausurados.
Parecía una suspensión temporal, pero no fue eso. Los establecimientos fueron empolvándose y las membresías que cada casino daba a sus socios terminaron por caducar.
La Dirección General de Juegos y Sorteos revocaba así los permisos operativos a las casas de juego controladas por Juan José Rojas Cardona, el Zar de los Casinos, un polémico personaje que se vio altamente favorecido con todo tipo de licencias durante el sexenio de Felipe Calderón.
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Esos casinos clausurados, propiedad de diversos accionistas, funcionaban registrados a nombre de Entretenimiento de México (Emex), una empresa de Rojas Cardona, que los administraba como “operador”. Pero la figura de operador es distinta a la de permisionario. La sociedad entre ambos se rige por un contrato mercantil, es decir, el operador firma un contrato mercantil con el permisionario.
En noviembre de 2012, el último mes de la administración de Felipe Calderón, su gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, le dio grado de “permisionario” a dichos establecimientos a nombre del consorcio Exciting Games, pero como una extensión de Emex.
Sin embargo, a la llegada del nuevo gobierno federal, en la Dirección de Juegos y Sorteos de la Segob se determinó que los permisos con los que operaban dichos casinos carecían de validez, y se ordenó su clausura.
INVERSORES ESTADOUNIDENSES de casinos demandan a México el pago de 100 millones de dólares, más intereses, costes y otros gastos que deriven, por actos ilegales y arbitrarios. CHRISTIAN SERNA/CUARTOSCURO
La versión de los accionistas de estos: B-Mex LLC, B-Mex II LLC, Palmas South LLC, Oaxaca Investments LLC, Santa Fe Mexico Investments LLC —todas empresas constituidas bajo las leyes de Colorado, Estados Unidos— y Gordon Burr, Erin Burr y John Conley, todos estadounidenses, es que invirtieron en los casinos mediante su participación en cinco empresas mexicanas, llamadas Juegos de Video y Entretenimiento de México —la cual es propietaria del casino en Naucalpan—, Juegos de Video y Entretenimiento del Sureste —del casino de Villahermosa—, Juegos de Video y Entretenimiento del Centro —del casino de Puebla—, Juegos de Video y Entretenimiento del D. F. —del casino en la Ciudad de México—, y Juegos y Videos de México —del casino en Cuernavaca.
Todos estos accionistas (B-Mex LLC, B-Mex II LLC, Palmas South LLC, Oaxaca Investments LLC, Santa Fe Mexico Investments LLC, Gordon Burr, Erin Burr y John Conley), recibían asistencia administrativa por su participación en la empresa mexicana Exciting Games, la cual operaba cada casino con permisos conferidos por Gobernación a Entretenimiento de México, S. A. de C.V. (EMex), y en virtud de un acuerdo con EMex, autorizada por la misma secretaría.
Es decir, EMex, de Rojas Cardona, tenía los permisos, y este, como “permisionario”, firmó con los estadounidenses, a su vez inversores de Exciting Games, un contrato mercantil para quedar como “operador” de cada uno de los casinos.
En febrero de 2011, Exciting Games solicitó su propio permiso, el cual le fue otorgado por esta dependencia federal el 15 de agosto de 2012.
El “patrón de acciones ilegales del Estado” en contra de sus inversiones comenzó desde agosto de 2011, cuando “funcionarios y agentes del Estado mexicano allanaron en repetidas ocasiones” sus instalaciones, confiscaron equipos de juegos valuados en un millón de dólares y les clausuraron y embargaron fondos de cuentas bancarias, acusan los accionistas.
Sostienen que, tras emprender acciones legales, “el Estado no solo continuó, sino que de hecho intensificó su trato ilegal, arbitrario y discriminatorio en contra de los inversionistas estadounidenses”.
También alegan que han sido objeto de supuestos actos ilegales y arbitrarios por parte de la Secretaría de Gobernación, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría General de la República y del Poder Judicial con respecto a la revocación de los permisos y autorizaciones para operar sus casinos en México, la clausura permanente y la imposición de medidas fiscales, entre otros.
Todo ello está contenido en el expediente del Caso N.ARB (AF)/16/3, que se litiga en Toronto, Canadá, en el que los inversores citados le demandan a México el pago de 100 millones de dólares estadounidenses, más intereses, costes y otros gastos que deriven del arbitraje. Ello, por supuestas violaciones al Capítulo XI del TLCAN, referentes a los principios de trato nacional (Artículo 1102), trato de nación más favorecida (Artículo 1103), nivel mínimo de trato (Artículo 1105) y expropiación y compensación (Artículo 1110).
Coincidentemente, mientras en Toronto los árbitros desahogaban el caso, en el Estado de México un incendio de dos horas consumía el Kash la tarde del pasado 10 de mayo.
La prensa estadounidense recogió declaraciones de Gordon Burr, presidente del Grupo Kash y uno de los demandantes en el caso contra México. Burr solicitó a las autoridades mexiquenses investigar las causas de la conflagración puesto que, dijo, allí no había energía eléctrica, gas ni carburante alguno que pudiera haber desatado ese infierno.
II. BLOQUEO EN TELECOMUNICACIONES
A partir de la firma del acuerdo internacional (1994), se han desahogado querellas en contra de México promovidas por trasnacionales de distintos sectores bajo protección del TLCAN.
Una de las demandas más costosas, y que se desahoga actualmente, fue iniciada en septiembre de 2016 por los estadounidenses Joshua Dean Nelson y su socio de Miami, Jorge Luis Blanco. Ambos le reclaman al país 500 millones de dólares (unos 10,000 millones de pesos), más los intereses generados a partir de la fecha de la supuesta infracción y hasta su pago, además de los costes del arbitraje, los honorarios de abogados y todos los gastos derivados del litigio a raíz de la imposibilidad para operar en el mercado de las telecomunicaciones.
EN SU DEMANDA, Tele Fácil acusa al IFT de omisiones y “mala conducta” para supuestamente privilegiar a Telmex, el principal operador de telecomunicaciones en el mercado mexicano. FOTO: ADOBE STOCK
En 2009, Joshua Nelson, de la corporación Great Lakes Communications Corp., ubicada en Spencer, Iowa, junto con su socio Jorge Luis Blanco y el mexicano Miguel Sacasa, constituyeron la empresa Tele Fácil México, S. A. de C. V., para ofrecer en el país los servicios de telefonía local y de larga distancia, internet y televisión por cable, lo que se conoce como quadruple-play.
En mayo de 2011, Tele Fácil solicitó al gobierno mexicano una concesión para operar como prestador de servicios de telecomunicaciones. Dicha concesión fue otorgada en mayo de 2013. Tele Fácil solicitó a Telmex interconectarse a través de un tercero: Nextel México.
En agosto de ese año Telmex respondió a la solicitud mediante un convenio marco de interconexión. Pero en los siguientes meses se produjeron desacuerdos entre las empresas, que terminaron por acudir ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que inicialmente falló a favor de Tele Fácil en la resolución (número 381), la que, dicen, no fue acatada por Telmex.
Pero en abril de 2015, señalan, el IFT emitió criterios distintos “sin haber dado oportunidad alguna a Tele Fácil de presentar su punto de vista”.
Después de un ir y venir de escritos ante el IFT y entre Tele Fácil y Telmex, en abril de 2016 los estadounidenses notificaron al Estado mexicano su intención de someterlo a un proceso arbitral internacional, bajo el Capítulo XI del TLCAN, que materializaron ese mismo año.
En su demanda, Tele Fácil acusa al IFT de omisiones y “mala conducta” por supuestamente privilegiar a Telmex, el principal operador de telecomunicaciones en el mercado mexicano.
Señala que México, “a través de los actos y omisiones del IFT, es responsable de, entre otras cosas, no ejecutar y hacer cumplir” la resolución inicial en que este instituto falló a su favor.
Dicen que el IFT “diezmó de manera general los prospectos de negocio de Tele Fácil en México”.
Para conocer su postura frente a los señalamientos de Tele Fácil, Newsweek en Español solicitó al IFT una entrevista. A través del área de prensa se respondió que, dado que el tema “es parte de un proceso de arbitraje internacional en curso que está en el terreno de la Secretaría de Economía, el IFT no puede pronunciarse al respecto”.
De ganar los estadounidenses el caso, el Estado tendría que responder financieramente. Y lo haría con dinero público.
III. CORRUPCIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL
El tercer litigio que enfrenta el Estado mexicano al amparo del TLCAN es la peculiar demanda que hace un grupo de canadienses, que pide 223 millones de dólares por un negocio que comenzó como préstamo en el sector inmobiliario y terminó en tribunales con un proceso que, señalan los demandantes, está plagado de irregularidades.
El caso CIADI N.ARB(AF)15/2, que se litiga en Washington, fue promovido en diciembre de 2015 por la empresa canadiense Lion, que conformó Lion Mexico Consolidated LP (LMC), sociedad constituida de conformidad con la legislación de la provincia de Quebec, y sede social en el estado de Texas, Estados Unidos.
UN GRUPO de canadienses pide 223 millones de dólares por un negocio que comenzó como préstamo en el sector inmobiliario y terminó en tribunales con un proceso plagado de irregularidades. FOTO: ADOBE STOCK
Como fondo de inversión inmobiliaria, en 2007 LMC hizo una inversión de 32.8 millones de dólares estadounidenses mediante tres pagarés a tres empresas mexicanas del jalisciense Héctor Cárdenas Curiel (Inmobiliaria Bains, S. A. de C. V., C&C Capital, S. A. de C. V., y C&C Ingeniería y Proyectos, S. A. de C. V.) para el desarrollo de dos complejos de inmuebles en Guadalajara y uno en Bahía de Banderas. En ambos, LMC era el beneficiario de los pagarés y las hipotecas.
Su deudor habría incumplido sus obligaciones de reembolso, y ante la falta de pago, en abril de 2012 LMC entabló un procedimiento especial de ejecución de hipoteca ante los tribunales mexicanos.
“Sin embargo, el proceso sufrió un grave atraso como consecuencia de la incapacidad de los tribunales para notificar las demandas a los deudores”, señala la querella.
Para diciembre, cuando aún ni siquiera se notificaba oficialmente a los deudores, LMC tuvo conocimiento de que las hipotecas habían sido canceladas por orden de otro tribunal mexicano (Juzgado 9 de lo Mercantil de Jalisco), que incluso se hizo efectivo en los registros públicos, derivado a su vez de un procedimiento civil entablado por las empresas de Cárdenas Curiel contra LMC, y del cual, según la canadiense, nunca les fue notificado. Así que se sustanció in absentia.
“LMC supo más tarde que la resolución judicial del Juzgado 9 de lo Mercantil (…) se basó en un documento falsificado en el cual LMC ofrecía supuestamente la cancelación de los préstamos a cambio de acciones en algunas de las sociedades de los deudores, que no tenían valor alguno”.
Al tener conocimiento de la cancelación de las hipotecas, LMC presentó diversas demandas para tratar de restablecer los pagarés e hipotecas firmados por Cárdenas Curiel y sus empresas, además de amparos contra el juzgado de Jalisco, que supuestamente llevó la demanda sin notificar. También contra los directores de los registros públicos por cancelar las hipotecas.
Paralelamente presentaron una demanda penal contra Cárdenas Curiel por fraude, que derivó en su detención, en septiembre de 2013. Sin embargo, Cárdenas obtuvo su liberación cuando el juzgado sobreseyó el caso casi inmediatamente después.
NOTIFICACIONES y resoluciones procesales de demandas de compañías extranjeras contra México.
Ahora, en su querella internacional contra México, LMC dice que “tras un procedimiento plagado de irregularidades procesales, y en particular la admisión de recursos que eran inadmisibles con arreglo a la legislación mexicana, el Sr. Cárdenas fue trasladado a México, D. F., en ejecución de la orden de detención… y liberado posteriormente”.
Argumenta que “todos los recursos judiciales intentados por LMC en México han demostrado ser inútiles y plagados de graves irregularidades. No hay ninguna perspectiva actualmente de obtener una reparación a través de los recursos judiciales mexicanos. Las autoridades mexicanas, incluyendo sin ánimo exhaustivo las autoridades judiciales implicadas, han actuado de manera arbitraria y discriminatoria, y no han protegido las inversiones de LMC en México”.
Señala que “a LMC se le ha negado el debido proceso por las autoridades mexicanas, que se han negado en repetidas ocasiones a considerar las pruebas de que los préstamos e hipotecas fueron cancelados con base en la presentación de un documento falsificado”.
Así, por “actos arbitraros, caprichosos y discriminatorios”, LMC habría sufrido daños superiores a los 200 millones de dólares, dice.
La detención y excarcelación de su socio, el empresario jalisciense Cárdenas, ocupó páginas de diversos diarios, principalmente de Jalisco y Nayarit, que lo identificaban públicamente como un constructor cercano al gobernador Ney González, favorecido con las autorizaciones que ese gobierno concedió para el desarrollo inmobiliario en las zonas turísticas de Compostela y Bahía de Banderas, en las que tampoco se libró de la polémica por irregularidades diversas.
Sin embargo, las desavenencias entre los socios particulares terminaron en una demanda contra el Estado mexicano, al que ahora LMC reclama el pago de más de 223 millones de dólares.
Desde la entrada en vigor del TLCAN se han presentado 212 casos por parte de empresas estadounidenses o canadienses contra el Estado mexicano.
IV. EL COSTO PÚBLICO DE LOS DIFERENDOS
El solo hecho de enfrentar este tipo de litigios implica al Estado gastos por defensa, cuya responsabilidad recae en la Secretaría de Economía a través de su área jurídica. Además de los abogados que forman parte de sus estructuras, la Secretaría de Economía contrata en el extranjero un despacho externo por cada uno de estos casos, y debe sufragar, además, los gastos y costes, el trabajo de los árbitros que participan en los procesos cuantificado por horas, los viáticos, y naturalmente el pago demandado por los quejosos en caso de que el país resulte perdedor.
El doctor en economía de la UNAM y catedrático del posgrado Enrique Dussel Peters cuantifica que, desde la entrada en vigor del TLCAN, se han presentado 212 casos por parte de empresas estadounidenses o canadienses contra el Estado mexicano. “En algunos casos los productos y procedimientos se repiten y no todos han sido resueltos”, precisa.
La postura oficial es que en este tipo de controversias hay neutralidad. Pero la senadora Dolores Padierna, secretaria de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado y observadora de la renegociación del TLCAN, sostiene que, en este tipo de litigios, el propósito real del gobierno mexicano “es perder deliberadamente”.
“México tiene, en materia de derecho internacional, y el derecho nacional y nuestra Corte, todas las herramientas suficientes para defenderse en el Capítulo XI del TLCAN, pero México no ha querido ganar. México se deja perder en los tribunales internacionales, para que ganen los privados. Hay un montón de casos que México ha perdido deliberadamente”, asegura Padierna.
KENNETH SMITH, jefe de la negociación técnica del TLCAN; Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, y Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio, en las negociaciones para la modernización del TLCAN, el pasado 16 de agosto, en Washington. PAUL J. RICHARDS/AFP
Precisamente para hablar sobre los diferendos que, al amparo del TLCAN, enfrenta México, se solicitó a la Secretaría de Economía una entrevista. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
En México, la otra cara de la moneda debe forzosamente mostrarse, dice Enrique Dussel Peters.
“[Es] significativo comprender a docenas de sectores que han perdido durante el TLCAN: agricultura, agropecuario, juguetes, textiles, confección y otras manufacturas ligeras que no han sido mencionados todavía”, señala. “Pareciera que la renegociación del TLCAN solo se concentrará en la cadena de autopartes, automotriz, electrónica y algunas otras pocas. Sería una pena y vergüenza para los tres países no hacer frente ante los masivos perdedores del TLCAN [que hay] en los tres países”.