Mientras los inmigrantes indocumentados enfrentan una nueva directriz por parte de los niveles más altos del organismo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que exige la aprehensión de todos los inmigrantes que no tengan los documentos adecuados, y no solo de aquellos que cuenten con antecedentes criminales, una detenida simplemente espera mantenerse viva mientras su caso se abre camino a través del sistema de inmigración de Estados Unidos.
Brenda Menjivar Guardado, de 21 años y originaria de El Salvador, pidió a un juez federal de inmigración que la deportara el mes pasado.
En realidad no quiere volver a El Salvador, de acuerdo con su abogado. De hecho, cuando fue detenida inicialmente en mayo de este año por el organismo de Aduanas y Protección Fronteriza, ella solicitó asilo.
Sin embargo, las prioridades de Guardado cambiaron cuando el organismo de Inmigración y Control de Aduanas le quitó la insulina que ella había usado para tratar su diabetes tipo I. Cuando su concentración de glucosa en la sangre alcanzó niveles peligrosos, Estados Unidos de repente se convirtió en un lugar más peligroso para ella que el país del que huyó.
“Brenda está convencida de que va a morir”, me dijo la semana pasada su abogada Whitney Drake. “Está aterrada”.
El calvario de Guardado comenzó el 30 de mayo, cuando fue detenida por el organismo de Aduanas y Protección Fronteriza. Durante los cuatro días que estuvo bajo la custodia de ese organismo, se le permitió mantener su medicamento de insulina que llevó a Estados Unidos.
Como todas las personas que padecen diabetes tipo I, Guardado utilizaba una combinación de medicamentos de insulina de acción rápida y lenta para reproducir el funcionamiento de un páncreas normal y manejar sus concentraciones de glucosa. Sin tener acceso a ambas fórmulas, sería prácticamente imposible evitar que su concentración de glucosa se eleve demasiado, lo cual produciría un trastorno potencialmente fatal denominado cetoacidosis diabética.
Los problemas comenzaron cuando Guardado fue transferida y puesta bajo la custodia de ICE el 3 de junio.
“Ellos tiraron sus medicamentos”, dice Drake. Guardado fue procesada en un Centro de Procesamiento de Laredo y transferida a Hutto el 8 de junio. Tras quitarle su medicamento, alguien en Laredo o Hutto comenzó a administrarle insulina de acción lenta, pero no el tipo de fórmula de acción rápida que los diabéticos suelen tomar antes y después de comer para contrarrestar la presencia de azúcares en sus alimentos.
El 22 de junio, Drake, que trabaja para una organización sin fines de lucro relacionada con la inmigración, denominada American Gateways, visitó Hutto, que aloja exclusivamente a detenidos por los organismos de inmigración. Guardado se acercó a ella y le pidió ayuda. Para entonces, su glucosa estaba fuera de control.
La concentración de glucosa de una persona sana varía entre 75 y 100. La cetoacidosis diabética puede comenzar con una concentración alta de glucosa en sangre de 250. Al día siguiente de que le pidió ayuda a Drake, la concentración de glucosa de Guardado era de alrededor de 400.
Drake comenzó inmediatamente a ponerse en contacto con profesionales médicos fuera de ICE, que proporciona atención médica en Hutto, para pedir su asesoría. Un endocrinólogo con el que habló dijo que Guardado estaba en peligro de muerte. Por ello, Drake solicitó a ICE que liberara a Guardado. Su solicitud fue denegada.
Para el 29 de junio, que fue la última vez que Drake habló con Guardado, la joven había retirado su solicitud de asilo y le pidió a su juez de inmigración que la deportara. No quería volver a casa, pero tampoco quería morir en un centro de detención de inmigrantes de Estados Unidos.
El Centro de Detención de Hutto y el Centro de Procesamiento de Laredo son manejados por CoreCivic (empresa conocida anteriormente como Corrections Corp of America). De acuerdo con un vocero, CoreCivic no proporciona atención médica en Hutto; el organismo encargado es el Cuerpo de Servicios de Salud de ICE. Aunque CoreCivic proporciona servicios médicos en el Centro de Procesamiento de Laredo, un vocero de CoreCivic me pidió que hiciera mi consulta a ICE.
“[La señorita Guadardo] recibe atención médica que es congruente con el estándar requerido de atención para personas que padecen su enfermedad”, me dijo un vocero de ICE en un correo electrónico enviado el 7 de julio. El 8 de julio, un observador externo se reunió con Guardado en Laredo a nombre de Drake.
“Brenda dice que la están tratando bien y que comienza a sentirse mejor”, me dijo Drake. “Brenda vio a una enfermera y a un médico inmediatamente al llegar a la instalación de ICE en Laredo. Están comenzando a darle frutas y vegetales, y su concentración de azúcar en la sangre comienza a bajar. No tengo información actualizada sobre el tipo de insulina que le están administrando actualmente o de sus concentraciones reales de azúcar en la sangre, y evidentemente, su salud a largo plazo sigue siendo una preocupación”.
Aunque el caso de Guardado podría parecer particularmente desgarrador debido a su condición de inmigrante indocumentada, a los enfermos con diabetes tipo I no les va muy bien en las cárceles y prisiones estadounidenses, independientemente de su nacionalidad o de quién maneje el centro de detención.
En Arkansas, una empleada carcelaria enfrenta un juicio por asesinato debido a la muerte ocurrida en 2016 de una detenida que sufría cetoacidosis diabética. (La empleada, que encontró inconsciente a Morgan Angerbauer, de 20 años de edad, le administró aún más glucosa en lugar de insulina).
El año pasado, un gran jurado federal acusó a un empleado de la Cárcel del Condado de McClain en Oklahoma de haber cometido violaciones a los derechos civiles cuando le quitó su insulina a un detenido diabético y lo acusó de “fingir” cuando desarrolló cetoacidosis (el detenido murió como resultado de esa enfermedad).
Un hombre diabético de Missouri, arrestado por no pagar una pensión infantil, murió recientemente en la cárcel por una concentración de glucosa de 2,500.
El procurador del distrito de Irving, Texas, investigó al personal de la cárcel de la ciudad en 2013 después de que un diabético a quien se le retiró su insulina murió en custodia. En 2012, la familia de un prisionero diabético, que murió bajo la custodia del Sheriff Joe Arpaio, demandó al Condado de Maricopa.
Teniendo en cuenta los antecedentes del sistema carcelario estadounidense con la diabetes tipo I, Guardado tiene suerte de seguir viva.
Este artículo apareció originalmente en Reason.com.