Un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron este miércoles al gobierno mexicano “cesar inmediatamente la vigilancia” sobre activistas y periodistas y realizar una completa investigación imparcial sobre el espionaje ilegal.
El llamado ocurre a un mes de las revelaciones sobre el posible uso por parte de las autoridades mexicanas de un programa conocido como “Pegasus” para vigilar e intervenir los teléfonos celulares de personas involucradas en la investigación y denuncia de casos de corrupción y violaciones graves de los derechos humanos entre 2015 y 2016.
“Las denuncias de vigilancia representan una grave violación a los derechos a la privacidad, la libertad de opinión, expresión y asociación, y son muy preocupantes” aseguraron los expertos en un comunicado emitido este miércoles.
“Dada la gravedad de los hechos el gobierno debe garantizar las condiciones necesarias para que la investigación se realice con independencia y transparencia”, aseguraron los relatores.
Los expertos también hicieron un llamado para que se permita la participación de las víctimas en las investigaciones y se informe oportunamente a la sociedad sobre los resultados de las mismas.
“Las denuncias de vigilancia, que representan una seria violación de los derechos de privacidad, libertad de opinión y expresión, y libertad de asociación, son muy preocupantes y son evidencia del ambiente hostil y amenazante que enfrentan hoy en México los defensores de los derechos humanos, activistas sociales y periodistas”, aseguraron.
Activistas y periodistas han sido blanco del software que la compañía israelí NSO Group sólo vende a gobiernos, de acuerdo a un reporte de Citizen Lab, un centro de investigación con sede en la Universidad de Toronto.
Cuando una persona es atacada con Pegasus, recibe un mensaje SMS, el cual contiene un texto que busca persuadirlo de hacer clic en un enlace infeccioso, haciéndose pasar por una noticia, un aviso o el mensaje de un familiar o amigo.
Si la persona hace clic en el enlace, su teléfono recibe inadvertidamente un software malicioso que permite al atacante, entre otras cosas, acceder a todos los archivos del dispositivo, así como controlar cámara y micrófono.
El Citizen Lab reportó la infección de los móviles del director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y al Instituto Mexicano para la Competitividad.
El software también habría sido utilizado para vigilar al hijo menor de edad de la periodista Carmen Aristegui y algunos miembros de partidos políticos de la oposición.
La Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación y anunció que pedirá ayuda al FBI dada su experiencia internacional. La compra del programa Pegasus se habría hecho en octubre de 2014 por 32 millones 16 mil dólares.