Javier Duarte de Ochoa fue vinculado a proceso este fin de semana por los delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita entre 2011 y 2016. La Procuraduría General de la República (PGR) presentó contra el exgobernador de Veracruz 82 datos de prueba, de los cuales la defensa del exmandatario asegura que dos se tratan de testigos clave y los otros 80 “son humo” al no estar relacionados con la conducta de Duarte de Ochoa.
El caso de Javier Duarte de Ochoa le ha valido a la Procuraduría mexicana fuertes críticas ya que durante la primera audiencia celebrada la semana pasada la PGR tuvo problemas para exponer los datos que le requirió el juez Gerardo Moreno a petición de la defensa, según describieron las crónicas periodísticas. En la segunda audiencia estuvieron presentes seis agentes del Ministerio Público entre ellos el propio subprocurador de Delincuencia Organizada de la PGR, Israel Lira Salas, a diferencia de los tres fiscales que acudieron a la primera sesión.
Tras las 12 horas que concluyó la audiencia, el juzgador federal determinó iniciar un juicio contra el expriista por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero al considerar que existen pruebas suficientes para presumir que se cometió un delito y que Duarte es el probable responsable de ambos como líder de la organización criminal.
Si bien el caso de Javier Duarte de Ochoa es el más reciente de un exgobernador que enfrenta a la justicia mexicana, está lejos de ser el único. Días antes de que Duarte de Ochoa fuera detenido en Guatemala, la noticia provino de Florencia, en Italia, cuando Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien gobernó Tamaulipas durante el periodo 1999-2005, fue detenido acusado de los mismos delitos que pesan sobre Duarte de Ochoa: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A Yarrington, a diferencia del exmandatario veracruzano, lo requieren la justicia estadounidense y la mexicana. El exgobernador también emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha defendido su inocencia ante el Tribunal de Apelación de Florencia y expresado su confianza en la justicia de Italia a la par de que ha calificado las acusaciones de “infundadas” al considerar que en México sufre “una persecución penal que se vincula fuertemente con motivos electorales y políticos”.
Tras la caída de Yarrington, vino la detención de Duarte de Ochoa y más de un mes después ocurrió el arresto de otro exgobernador también salido de las filas del PRI: Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, a quien el presidente Enrique Peña Nieto definiera como la nueva generación de ese partido. Precisamente otro integrante de esta “generación”, César Duarte Jáquez, de Chihuahua, se encuentra prófugo de la justicia mexicana.
Roberto Borge fue detenido en Panamá a principios de junio acusado de lavado de dinero y “delitos que atentan contra la administración del Estado”. El gobierno mexicano ya ha pedido su extradición. César Duarte, por su parte, enfrenta acusaciones por el uso ilícito de fondos públicos y peculado electoral. La interpol ha emitido una ficha roja para su búsqueda. Se cree que se encuentra en Estados Unidos.
A esta lista se suman el exgobernador del estado de Sonora Guillermo Padrés Elías, quien a finales del año pasado se entregó ante un juez para enfrentar cargos de defraudación fiscal y lavado de dinero, por un monto de 8.8 millones de dólares. Días después se le dictó auto de formal prisión al considerarlo como probable responsable de la comisión de tres delitos catalogados como graves; razón por la cual no tuvo el beneficio de la libertad provisional.
Rodrigo Medina, exgobernador estado de Nuevo León, es otro de los exmandatarios acusados de corrupción. Se le responsabiliza de haber generado daños al patrimonio estatal por 3.128 millones de pesos y de presuntas irregularidades al otorgar incentivos al fabricante de automóviles coreano KIA Motors para instalar una planta en Nuevo León, polo económico del norte del país. A principios de año, un juez federal ordenó su liberación de Rodrigo Medina porque no se dio cumplimiento a un recurso promovido por la defensa y el delito por el que es procesado no es grave.
Estos casos recientes de exgobernadores detenidos por presunta corrupción no son los únicos. La lista data de tiempo atrás con el exgobernador de Quintana Roo Mario Villanueva, quien fue detenido en 2001, extraditado a Estados Unidos y condenado por vínculos con el narcotráfico, antes de ser devuelto a México donde fue nuevamente encarcelado, y la completan: Andrés Granier, exgobernador del estado de Tabasco, quien en julio de 2013, la justicia mexicana le dictó auto de formal prisión por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal; Jesús Reyna, exgobernador interino de Michoacán, preso en abril de 2014 por vínculos con el crimen organizado, Luis Armando Reynoso Femat, del opositor Partido Acción Nacional, quien fue arrestado el 2 de mayo de 2014 y puesto en libertad días después tras pagar 2,2 millones de dólares, en un proceso por malversación de fondos públicos.
También figuran en el listado, Jorge Juan Torres López, exgobernador interino de Coahuila, quien se encuentra prófugo y es buscado tanto en México como en Estados Unidos acusado del desfalco del erario de Coahuila. El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, también ha sido acusado de lavado de dinero en Estados Unidos. Sin embargo, se desconoce si en México existe una investigación en su contra.