TEXAS, EE. UU.— Cuando John Hernández venía en el vientre de su madre, sus papás eran una pareja mexicana que recién habían migrado a California. Trabajaban en lo que podían, el dinero no alcanzaba y no tenían una casa donde tener al pequeño. Decidieron que por un año y medio John viviera en México, en el pueblo de San Isidro, un pequeño lugar que no rebasa los mil habitantes, en la región alteña de Jalisco, a unas dos horas y media de Guadalajara. Ahí vivió con sus abuelos paternos, como si fuera otro hijo, y con sus tíos, como si fuera el hermano menor.
“Por eso nos duele más: porque era como un hermano y porque es el primer difunto en la familia”, dice conmovido Miguel Hernández Cabrera, de 42 años, director de primaria por las mañanas y maestro de grupo de niños en las tardes. Hay seis profesores entre los Hernández. El papá de John, Ignacio, es contador sin ejercer. En un pueblo de agricultores era difícil emplearse y, como muchos mexicanos, emigró a Estados Unidos hace más de 25 años.
Los Hernández son una familia enorme, en México o en Estados Unidos. Los abuelos de John están vivos, igual que sus diez hijos y sus nietos. El día del entierro de John, mientras lo sepultaban en Houston, se juntaron en una casa de San Isidro, pusieron sillas de plástico sobre el piso de cemento, colocaron una mesa cubierta por un mantel hecho a gancho, una foto de John encima y detrás un enorme Cristo, con el fondo de las paredes rojas de ladrillo. John en la imagen viste de azul, sonríe; tiene la barba cerrada, cejas negras y pobladas, ojos color miel. A John lo mataron de 24 años, frente a su hija de tres, frente a su esposa y frente a una cámara de video que todo lo grabó. Lo asesinaron en Houston, Texas, afuera de un restaurante Denny’s. John tenía un negocio de colocación de parabrisas de automóviles.
Hay una fotografía horas antes de que Terry Thompson le pusiera encima todo el cuerpo, sobre el piso, y lo estrangulara, todo con la complicidad de su esposa Chauna Thompson, una sheriff del condado de Harris. En esa imagen está con una playera de las Chivas, como todos los que esa tarde vieron campeón al equipo de futbol en el Clausura 2017. El mismo semblante: sereno, sonriente. John, como otros aficionados, había tomado más de la cuenta. En el Denny’s bebieron un café, él quiso tomar aire, salió. Thompson dice que llegaba al restaurante cuando vio que John estaba orinando en el estacionamiento, esa es su justificación del crimen. Thompson es un veterano, experto en artes marciales y con tintes racistas según su página de Facebook. Apretó el cuello de John por más de veinte minutos, hasta que dejó de llegarle el oxígeno al cerebro. Murió tres días después, cuando lo desconectaron. Sobre su muerte hay dos corridos, en ambos hay lamento y pedido de justicia, como pide a gritos la familia.
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Los Thompson salieron libres después de pagar una fianza de 10,000 pesos cada uno. El día del asesinato no fueron arrestados, ellos se entregaron después y por eso lograron esa multa. La familia Hernández se apostó en el edificio de la policía de Harris para exigir un trato justo, con camisas con el rostro de John y la consigna #JusticeForJohnHernández. Un fiscal independiente tomó el caso.
Los Hernández y los Chávez, el apellido de la mamá de John, pidieron al alcalde de Tototlán, Juan Guadalupe Aceves, un viejo conocido en un lugar de 25,000 habitantes, que los ayudara de alguna manera para presionar en Estados Unidos, que no se solapen las acciones de una policía y su pareja. La familia busca que el crimen no quede impune, que se visualicen otros casos de racismo y discriminación. Porque, aunque no sea mexicano, John es hijo de mexicano, dice Cristina, una tía de John. El racismo es contra cualquiera que parezca mexicano.
Exigen postura oficial
Pero el caso de John no ha tenido eco con las autoridades encargadas de ver la política exterior. Newsweek en Español solicitó entrevista formal en el Consulado de Houston, con la Embajada de México en Estados Unidos y con la cancillería. La embajada no respondió, la vocera de la cancillería dijo que la entrevista la darían en el consulado. Las preguntas eran sobre el caso de John Hernández, pero también sobre la situación actual con los ataques de racismo que parecen más visibles con el discurso antimexicano del presidente Donald Trump. Después de cinco días el consulado dio una hora y día, pero cuando llegó la hora y el día argumentaron un retraso; y después, a las pocas horas, el día del cierre de edición, enviaron un mensaje diciendo que declinaban la entrevista. Razones no dieron, pero en el correo electrónico estaban copiadas nuevas personas: Oscar Rodríguez Cabrera, el cónsul general en Houston; Ricardo Alday González, vocero de la embajada, y Julián Escutia, también de la embajada, quien anteriormente trabajó en el Instituto de Mexicanos en el Exterior en la sección de Asuntos Hispanos, entre otros.
En un par de correos preguntamos las razones para negar una entrevista de este tipo y no hubo respuesta. Solo silencio, una respuesta enorme.
El mismo día que cancelaron, el jefe de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Kelly, el zar antiinmigrante de Estados Unidos, llegaba a la Ciudad de México para una visita de tres días. Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores, le ofreció una comida en la cancillería: Videgaray, al lado de Kelly luce sonriente, caminando con seguridad. El presidente Peña Nieto habló con Kelly ese mismo día en Los Pinos. Una charla a puerta cerrada, sin mensajes públicos, sin declaraciones. No tocarían el tema del muro, había anticipado en una entrevista para Televisa el canciller Videgaray: sería un gesto “no amistoso”. Hablar quizás entonces del asesinato de John Hernández y de los casos similares que viven mexicanos y mexicanoestadounidenses para la política exterior de la administración de Peña Nieto no es “amistoso”.
Con los medios fue algo parecido, la familia Hernández envió veinte correos a diversas radiodifusoras del país, y solo les respondieron en Chiapas y Guerrero.
Miguel, el tío de John, habló con el diputado federal del PRI Ramón Bañales, a quien conoce porque es de Atotonilco, un municipio cercano, y le pidió que mencionara el caso en el Congreso federal. Bañales le dijo que no se podía, aunque le prometió que le conseguiría una entrevista en Televisa Guadalajara, pero no sucedió. Miguel, sin tener muy claro cómo, buscando ayuda de donde puede a nombre de la familia, acudió a un mitin del candidato a la presidencia por Morena, Andrés Manuel López Obrador, le entregó una carpeta con el caso y habló con la pareja de AMLO durante unos minutos. “Estaba muy consternada”, recuerda Miguel, que no ha sabido más. “A los políticos solo les interesa el dinero, no las familias”, dice con dolor el tío de John. “A veces dan más importancia a otras cosas tontas que a la vida de una persona. Y no hablo solo de mi sobrina, hay miles y miles y muertos y desaparecidos”. Bañales fue buscado para entrevista, pero hasta el cierre de la edición, no había respondido.
La directora de Instituto Jalisciense de Inmigración, Mariana Sophia Márquez Laureano, es más empática. Legalmente, explica con detalle, México no tiene jurisdicción porque John era un ciudadano estadounidense, pero lo que sí pueden hacer es estar cerca de la familia, ya que los padres son mexicanos y viven allá. Y pueden dar quizás apoyo psicológico, sobre todo a la pequeña Alexandra, la hija de John que gritaba a los Thompson que pararan de estrangular a su papá y que vio cómo dejó de respirar. Márquez Laureano dice que en la era de Trump los casos son más visibles, “porque el racismo siempre ha existido”. Su Instituto acaba de firmar un convenio con la Universidad del Sur de California en el que los estudiantes de trabajo social van a dar consultas a familias angustiadas, migrantes aterrorizados, padres con niños que se han suicidado por bullying.
El presidente municipal de Totolán, Juan Guadalupe Aceves, contactó a la directora del Instituto a principios de julio y él ayudó a organizar la protesta en Tototlán, con la intención de sumarse al pedido de un juicio justo contra los Thompson. Conoció a John. Lo vio por última vez el 15 de mayo, el día de la fiesta de San Isidro. “Era un muchacho noble, de una familia alegre”, así lo recuerda. Para Aceves, el gobierno mexicano debe levantar la voz por John por ser hijo de mexicanos, mexicanos que trabajan y aportan al Estados Unidos de Trump; mexicanos que mandan remesas. Por eso y porque es un crimen que no debe quedar impune.
El alcalde dice que ha estado en contacto con la diputada de Jalisco, María del Refugio Ruiz Moreno, para que los demás legisladores conozcan lo qué pasó con John y espera poder viajar a Texas junto con la legisladora para hablar con el cónsul de Houston, ver la manera de estar cerca y buscar formas de dar apoyo a la familia. En un e-mail breve, el vocero del consulado de Houston, Oscar Ricardo Solís, antes de cancelar la entrevista, escribió que el cónsul de Protección de Houston buscó a la familia pero que les dijeron que ya tenían un abogado. No dio más detalle.
Los Hernández esperan el 14 de julio próximo, cuando los Thompson están citados nuevamente para declarar. Desde San Isidro estará toda la familia pendiente de los correos, el Facebook, el WhatsApp, esperando un juicio justo para John, el único familiar muerto.